HACIA UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN SEGURIDAD VIAL

* Por la Dr. Verónica Raffo y el Lic. Andrés Gartner

 

Los accidentes de tránsito son una epidemia en el mundo actual. Aproximadamente 1,3 millones de personas mueren cada año en las rutas del mundo, y entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones. En el año 2004 las lesiones por accidentes de tráfico representaban la novena causa de muerte, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2030 los accidentes de tránsito representarán la quinta causa de muerte, incluso encima de enfermedades como tuberculosis y VIH.

En paralelo al aumento de la motorización, aumenta el nivel de vulnerabilidad de los ciudadanos ante los accidentes de tránsito. Es por eso que la seguridad vial es hoy una prioridad tanto para quienes diseñan políticas públicas en el área del transporte como para quienes lo hacen en el ámbito de la salud.
Las estimaciones indican que cada seis segundos una persona muere o resulta herida en las rutas y calles, mientras que cada tres minutos un niño pierde la vida en un accidente vial. Las lesiones por siniestros del tráfico están entre las tres causas más importantes de muerte para personas entre 5 y 44 años y las consecuencias económicas de colisiones entre vehículos representan aproximadamente un 1% al 3% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Y el impacto de la falta de seguridad vial es mayor entre los grupos más vulnerables, especialmente en los países en desarrollo. En este sentido, cerca del 90% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos o medios.
En América Latina, el panorama es desolador. La inseguridad vial ocasiona cada año 130.000 muertes, unos seis millones de heridos y centenares de miles de personas con discapacidad. Entre los jóvenes de 15 a 44 años, los accidentes viales son la principal causa de muerte.
Según el Informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial 2013, América Latina presenta uno de los índices de siniestralidad vial más elevados del mundo (19.2 muertes por cada 100.000 habitantes, más de tres veces la tasa de algunos países europeos). Este índice de siniestralidad es aún más alto cuando se considera solo Sudamérica, casi dos puntos por encima del de Latinoamérica y más del doble del índice de Europa.
En este marco, Venezuela y República Dominicana tienen una de las tasas de siniestralidad más altas del mundo y solamente dos países (Cuba y Guatemala) tienen tasas menores a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Si se comparan los resultados obtenidos para Latinoamérica en los Reportes del Estado de las Siniestralidad Vial del Mundo 2009 y 2013 realizados por la OMS, se ve que en un lapso de cuatro años la siniestralidad en Latinoamérica aumentó en más del 22% y en América del Sur en más del 25%. En países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela los incrementos estuvieron por encima del 40%.

 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL
En el 2006 se creó el Fondo Mundial de Seguridad Vial como primera iniciativa internacional para avanzar en la solución de este problema global de salud pública. El mismo prevé apoyar las iniciativas encaminadas a reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en los países de bajos y medianos ingresos.
Los esfuerzos de la comunidad internacional se renovaron en marzo de 2010, cuando las Naciones Unidas proclamó la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020, con la meta de estabilizar y luego reducir las muertes en las carreteras del mundo. En este contexto, los siete bancos multilaterales para el desarrollo acordaron fomentar la transferencia de conocimientos y buenas prácticas a nivel global para cumplir el objetivo de reducir al 50% las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito. En nuestra región, el cumplimiento del objetivo global hacia 2020 significaría evitar la pérdida de 325.000 vidas y lesiones graves a más de 3 millones de personas.
En América Latina, el camino hacia el logro de esta meta es acompañado por la puesta en marcha, en mayo de 2010, del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, creado con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Mundial de Seguridad Vial, como una herramienta de apoyo a los gestores de las políticas de seguridad vial para dar batalla a una epidemia en expansión.

 

HACIA SISTEMAS SEGUROS
Solo 28 países, que representan el 7% de la población mundial, tienen leyes de seguridad vial comprehensivas en cinco factores claves de riesgo: alcohol y conducción, velocidad, cascos en las motocicletas, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. En algunos casos estas leyes existen pero el control sobre el cumplimiento de las mismas es variable.
Para afrontar este escenario, el Plan Mundial de Acción para la Década de la Seguridad Vial 2011 – 2020 está basado en el enfoque de Sistema Seguro y alienta a los países a implementar actividades de acuerdo con cinco pilares: capacidad de gestión de la seguridad vial, infraestructura segura, vehículo seguro, comportamiento seguro del usuario, y cuidados post-siniestro.
El enfoque de Sistema Seguro busca identificar y rectificar las principales causas de error y las debilidades en el diseño de los sistemas de transporte que contribuyen a siniestros con fatalidades o lesiones graves, de tal manera de mitigar la severidad e impacto de los siniestros viales. El punto clave es que asume que el sistema de transporte vial debe estar diseñado de tal manera de incorporar la posibilidad de errores humanos que pueden causar un siniestro. En este sentido, el diseño de una carretera deber considerar los límites bio-mecánicos del cuerpo humano y gestionar mejor las fuerzas de choque de tal manera de traerlos a niveles que el cuerpo humano pueda tolerar.
Este enfoque se apoya en el principio de responsabilidad compartida para minimizar el riesgo de siniestros. Las autoridades que diseñan el sistema de transporte son responsables por la seguridad del mismo, mientras que los usuarios del sistema deben obedecer las reglas de uso del sistema, apoyados por sistemas de comunicación, concientización y control que fomenten este uso responsable.
El diseño del sistema involucra elementos tales como políticas de licencia de conducir, políticas referidas a la flota de vehículos y regulación sobre seguridad de los vehículos;  diseño geométrico de vías y señalización; límites de velocidad y reglamentación de vías; planificación del uso de suelos que tenga en cuenta el acceso seguro a medios de transporte alrededor de escuelas, viviendas, centros comerciales, etc.
Varios informes internacionales sobre seguridad vial muestran como muchos países logran tendencias permanentes de mejora en las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito, logrando mantener mejoras, incluso con incrementos en el parque de vehículos y en la movilidad. Países como Holanda, Reino Unido, Suecia, y varios otros, mantienen de forma sostenida resultados de mejora de la seguridad vial desde hace más de treinta años. España, Portugal, República Checa y Polonia observan comportamientos más erráticos, en los que los períodos de descenso coinciden con los períodos de políticas fuertes en seguridad vial.
En tanto, en todos los países de América del Sur, con excepción de Bolivia, Perú, Paraguay y Venezuela, existe un marco normativo integral sobre los factores de riesgo más importantes asociados con la siniestralidad en incidentes de tránsito. Esto refleja entonces que el problema no son las normas, sino la capacidad de hacerlas cumplir (enforcement). Cuando una norma no se hace cumplir, bien sea por que no se sanciona al infractor o por que no se hace cumplir la sanción, se crea una sensación generalizada de impunidad que lleva a un mayor incumplimiento de la norma. Esto es crucial en la siniestralidad por incidentes de tránsito: el incumplimiento de las normas es la principal causa de los incidentes de tránsito.  
Aquellos países que han invertido recursos financieros y humanos suficientes para lograr la observancia de las leyes que abordan los factores de riesgo de la seguridad vial, así como la sensibilización de la población (como estrategia para que se entiendan y apoyen esas medidas legislativas y de observancia de las leyes), tales como Francia o España, han tenido descensos significativos en la evolución de la siniestralidad, derivados de acciones de política pública dirigidas con marcado liderazgo, fuerte control y vigilancia, apoyo de comunicación y debate en la opinión pública, y acciones decididas, permanentes y oportunas en el contexto del momento.
Es preciso alinear las agendas vinculadas al cambio climático y a poblaciones más saludables, y trabajar para crear sistemas de transporte seguros con menores emisiones de dióxido de carbono y con reducción de las enfermedades no transmisibles, potenciando un aire más limpio y poblaciones más activas físicamente. Se necesita para eso realizar esfuerzos concertados para lograr que la infraestructura vial sea más segura e integrada para los peatones y los ciclistas. De ahí que las iniciativas de promoción de la salud y la equidad, encaminadas a abordar las prioridades en materia de seguridad vial deberían estar estrechamente vinculadas e integradas.
Así, son múltiples los organismos internacionales que, observando y analizando las acciones de los distintos países, concluyen que las claves para obtener resultados de mejora se centran en tener una estrategia que identifique las acciones oportunas con un enfoque de sistema seguro, y desarrollada  e implementada a través de una estructura de gestión con el liderazgo suficiente para alinear las acciones de los distintos actores.

 

ARGENTINA LÍDER REGIONAL EN SEGURIDAD VIAL
Con asistencia técnica y financiera del Banco Mundial, Argentina se propuso promover la responsabilidad compartida en la movilidad segura y ha puesto énfasis en los aspectos institucionales y de gestión. La atención sobre la seguridad vial se transformó radicalmente con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), convirtiendo a la Argentina en un líder regional en materia de seguridad vial.
La ANSV se creó en el año 2008 con la intención de transformarse en la Agencia Líder en materia de seguridad vial en el país. La decisión federal de dotarla de recursos y poder de acción confirmó su rol como líder en la gestión de la seguridad vial a nivel nacional. Como resultado, la ANSV pudo apuntar los problemas que prevalecían respecto a cuáles eran los roles y responsabilidades que un organismo federal de seguridad vial debía cumplir, como parte de un sistema complejo, implementando medidas y acciones que le permitieron legitimarse ante socios clave.
El proyecto, financiado por el Banco Mundial, se preparó principalmente como un esfuerzo colaborativo y asociativo entre los sectores de transporte y de salud, con sus contrapartes en las agencias gubernamentales correspondientes. Esta asociación profundizó la comprensión sobre muertes y lesiones en accidentes de tránsito, entendiéndolas como una prioridad de salud pública, lo que permitió posteriormente realizar gestiones de datos  más efectivos y eficientes.
Desde entonces, se ha trabajado con éxito en reducir los siniestros en un país que registraba en el 2008 una de las tasas más altas de América Latina de fallecidos en siniestros de tránsito: 11,75 muertes en el lugar del hecho cada 100.000 habitantes. En el 2011, ese número descendió a 10,04 según datos del Observatorio Vial de Argentina.
 Después de tres años de implementación, el proyecto generó beneficios muy significativos. Entre 2008 y 2010, las muertes en accidentes se redujeron en casi 12%, y las muertes por cada 100.000 vehículos lo hicieron en un 22% (pese a que en el mismo período, el número de vehículos registrados aumento en un 9%). Se estima que el rol de la ANSV contribuyó a salvar más de 2.000 vidas únicamente en el período 2008-2010.
En paralelo, la utilización del cinturón de seguridad y del casco ha aumentado un 57% y un 65%, respectivamente (también entre 2008 y 2010). En lo que respecta al consumo de alcohol al conducir, el número de alcoholemias positivas experimentó una reducción del 22% entre estos años.
El diseño e implementación del proyecto ha arrojado valiosas lecciones. También sirvió para adaptar las directrices del Banco Mundial a las circunstancias únicas que se viven en Argentina, así como a su sistema de gestión de la Seguridad Vial. Además, el hecho de que las iniciativas se hayan sucedido en una secuencia correcta, al tiempo que se creaba la ANSV, permitió que esta nueva entidad, se adueñe, contenga, y dirija las estrategias dentro de un marco de gestión por resultados. Es importante también la capacidad de liderazgo y la dotación de recursos con la que cuenta la Agencia, lo que le permite gestionar de modo acorde el contexto complejo en el cual se enmarca la seguridad vial en el país. Esto permitió efectivizar y hacer más eficiente la implementación de estrategias, lo que a su vez generó una aceptación de las mismas por parte de la comunidad.

 

* La Dr. Verónica Raffo es especialista senior en Infraestructura del Banco Mundial, y el Lic. Andres Gartner es profesional junior asociado del Banco Mundial.