La Sra. Mercedes Kuri señaló que La Red Nacional de Carreteras (RNC) del territorio mexicano cuenta con más de 393.000 kilómetros de rutas, de los cuales 40.000 corresponden a la Red Federal de Carreteras Libres de Peajes (RFLP). Explicó además que la misma se fragmenta en básica y secundaria; la primera se encuentra dentro de los 15 corredores en los que se separa la región. Los mismos enlazan a la frontera norte con la sur, y al Océano Pacífico con el Atlántico, y representan las principales vías de comunicación para el comercio. Además, explicó que el país también dispone de la Red de Caminos Rurales, y de aquellos que forman parte de cada uno de los estados en los que se divide la nación.
Indicó que a través de la Red Carretera Federal se moviliza el 55% del total de la carga, en contraste con otros medios de transporte como el marítimo, que traslada el 31%; ferroviario 12,8%; y aéreo 0,7%. Además, especificó que el 96,1% de los pasajeros utiliza los caminos a fin de desplazarse, mientras que el 4% lo hace a través del mar; 1,5% mediante ferrocarriles; y 2,1% usa avión: “Estos porcentajes evidencian su relevancia”. Por tal motivo, el Gobierno, que lleva a cabo subprogramas dentro del de conservación, como la reconstrucción de tramos, puentes, el mantenimiento periódico y el rutinario, señalamiento horizontal y vertical, y la atención a puntos de conflicto para la reducción de la incidencia de accidentes, transitó diferentes etapas a partir de los contratos. Respecto a la evolución de los mismos, detalló que inicialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transporte realizaba las tareas de preservación; otorgaba la maquinaria y el personal. A partir de 1980, se introdujo, con la Ley de Obras Públicas, encargada de su regulación, los procesos de licitación. “Si bien en la actualidad, la misma rige en la contratación de las labores, esto implica muchos inconvenientes; se generan alrededor de 1.500 contratos cada año. Es por ello que se requiere de una elevada cifra de empleados para administrarlos y supervisarlos. En esta línea, el principal problema radica en que a lo largo de la historia de nuestro país, se produjeron numerosos recortes presupuestarios, los cuales inciden en la preservación de carreteras”, aseveró. Y remarcó que a raíz de esta circunstancia, el Estado debió buscar nuevos esquemas de financiamiento; en 1996, se implementaron los contratosplurianuales, específicamente para la preservación rutinaria, cuya duración es de dos a cuatro años. En 2012 se obtuvo un crédito del Banco Mundial de cinco millones de dólares, y se implementó un proyecto piloto de mantenimiento integral que abarca los cuatro programas anteriormente mencionados. “El primero se solidificó en 2004 y es el proyecto piloto de la Carretera San LuisPotosí, de alrededor de 237 kilómetros. Esta ruta se encuentra en el centro de México, y representa un tramo importante, ya que allí se ubican diversos parques industriales”, explicó.
En cuanto a los conceptos novedosos, señaló que se implementan servicios de vialidad; existe comunicación permanente con el usuario a través de una central telefónica: puede recibir atención a las anomalías tanto del estado físico como del funcionamiento de los trayectos, e inclusive, información acerca de los incidentes que se presentan en la zona. “Cabe destacar que la gestión de los trabajos se transfiere a la empresa adjudicataria; de acuerdo a las prioridades que tenga el ramal en el que se lleva a cabo la conservación, la misma realizará la programación de estas tareas, y no la propia dependencia. Luego, el piloto se efectuará como uno de mantenimiento integral en la misma área, aunque, por primera vez, con una multianualidad de tres años. Agregó que se establecieron, a partir de 2010, los primeros cinco contratos plurianuales en distintos tramos, cuyos plazos se extendieron a siete años. Los mismos se distribuyeron en el norte, centro y sur del país. Se impusieron estándares de desempeño para el contratista; en caso de no cumplirlos, se le realizaban los descuentos correspondientes. “Si bien los contratos estaban programados para que el tramo carretero alcanzara su punto óptimo en los primeros tres años, la escasez de recursos imposibilitó tal fin; se generó un rezago. Por lo cual, finalizaron de manera anticipada. A raíz de este conflicto, hoy, trabajamos en la implementación a través de Asociaciones Público Privadas (APP). En 2012, se promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas, y en 2016, comenzaron a efectuarse los primeros medianteesta modalidad, con la participación del sector privado”, manifestó.
Sobre cuáles son los objetivos, mencionó: optimizar el estado físico de la red, elevar la calidad del servicio ofrecido, inaugurar nuevos espacios para la participación de la iniciativa privada, incrementar la eficiencia y productividad de la presentación de servicios públicos, y generar economías de largo plazo en la prestación de los mismos. “Su duración comprende un periodo entre 10 a 30 años; aquellos adjudicados recientemente, alcanzan una totalidad de 10”, destacó. Aseguró, además, que para su buen funcionamiento, la priorización de los recursos federales está garantizada en el presupuesto que el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados aprueba cada año. “Recientemente, se aprobó uno de nueve mil millones de pesos. Son necesarios 200 millones de dólares para que los estándares de calidad de las carreteras alcancen su punto óptimoPor tal motivo, la nación considera esencial la intervención del sector privado”, concluyó.
