Nuevo desafío de la minería: de la licencia social al desarrollo integral regional

El objetivo del trabajo que realizaron fue vincular empresas y comunidades en el desarrollo que se hace en el Consejo de Minería. Para ello trabajaron a partir de un estudio del año 2013, en una Universidad de Australia, que se realizó para testear esta necesidad. Lo primero que hicieron fue ver la situación internacional y lo que claramente se ve es un cambio muy grande de paradigma: la salida de una vieja idea relacionada a que las empresas se ocupan de sus propios negocios y que su objetivo es maximizar sus beneficios y valores para sus accionistas.

Este paradigma fue mutando a una situación nueva: las empresas se focalizan en maximizar el valor no sólo de sus accionistas, sino del entorno. Con esto, lo primero que se generó, como primera reacción, es el crecimiento de legislación que busca involucrar las comunidades en el desarrollo de proyectos mineros. En la Argentina se dio a partir de la respuesta, tanto de la Academia como del Estado, en materia de buscar regular la vinculación de empresas y las comunidades en las cuales operan.
A esto hay que sumarle la evolución de la legislación hasta el año 2012 y la idea de desarrollo comunitario que, de alguna manera, implica una vinculación entre los desarrolladores mineros y las localidades que reciben algún tipo de impacto. Argentina está en los primeros puestos en materia de conflictividad. Entonces, en nuestro país, los conflictos más recientes son una serie de cuestiones que muestran la herida de ese vínculo entre empresas y comunidades y la necesidad de una respuesta que no sea la que normalmente se acostumbra: la prohibición de actividades es la respuesta de políticas públicas más fácil y es la que limita, de alguna manera, la responsabilidad del sector público pero casi nunca es lo mejor.
Lo que se hizo fue encuestar una serie de referentes de la industria de nuestro país y se presentó la propuesta que tiene que ver con la posibilidad de generar una política nacional que promueva la firma o la organización de acuerdo al desarrollo comunitario. Que sea voluntaria y con la planificación plena de la comunidad. Es decir cómo se va a dar esa relación, cómo se van a gestionar los costos y beneficios que tiene cualquier proyecto minero y finalmente cómo se va a asegurar su sustentabilidad. Sin la confianza y sin un inicio donde las partes pueden vincularse y tratar de llegar a entenderse, todo lo demás no tiene demasiado sentido.
Básicamente, este cambio de paradigma se debe reflejar en la cantera, y debe ser algo duradero y a largo plazo: un acuerdo conjunto de desarrollo en la comunidad.

CONCLUSIONES

A partir de esta idea se pueden pensar tres cuestiones claves:

1. Formalizar lo social: elemento constitutivo del proyecto. La responsabilidad pública es un concepto donde los empresarios como dirigentes que impactan sobre la sociedad tienen una responsabilidad sobre ella y no es voluntaria ni optativa; sino que es algo directamente relacionado con los recursos que traen y el impacto que generan en la misma.
2. Dar sustentabilidad: la ex licencia social se debe referir al acompañamiento de esa comunidad antes del inicio, durante la ejecución y después de la finalización del proyecto.
3. Buscar el desarrollo integral: alinear el planeamiento. Las comunidades deben tener un plan de desarrollo donde se establezcan cuáles son las prioridades de la región.

Estas conclusiones definen responsabilidades. El Estado debe planear y promover el desarrollo activamente. Respecto de las empresas, hay que buscar a esas personas que realmente tienen una preocupación y una empatía para que las comunidades se beneficien y que su desarrollo sea real y no sea simplemente para los reportes trimestrales. Por último, las comunidades también tienen un rol muy importante: involucrarse seriamente.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

• Pacto Federal de desarrollo social y ambiental, con el verdadero sentido del federalismo.
• Desarrollo integral y sostenible:
  • Plan regional.
  • Capitalización de recursos no renovables.
  • Impacto demográfico, económico, social y cultural.
  • Agua: línea de base, monitoreo, mejora continua.
• Participación e institucionalización.