Un dilema crucial para el futuro económico y humano de nuestro país. En un mundo donde el cambio climático se manifiesta con cada vez más intensidad, la infraestructura se erige como un pilar fundamental para garantizar no solo el desarrollo económico, sino también la seguridad y calidad de vida de la población.
La construcción de la represa de Chihuido en el Río Neuquén es un proyecto que, desde su concepción en la década de los ´70 ha sido pensada para mitigar riesgos y satisfacer las crecientes demandas energéticas del país. Sin embargo, el tiempo de apremia y la inacción ante la urgencia de estos proyectos podrían desencadenar una catástrofe humana y económica que comprometería el futuro de millones de ciudadanos.
La reciente experiencia de la Dana en Valencia, España, nos recuerda que la naturaleza no perdona la falta de preparación. La ausencia de infraestructura adecuada puede llevar a consecuencias catastróficas, como inundaciones repentinas que arrasan con vidas y bienes. En este contexto, la represa de Chihuido no es solo un proyecto energético; es una defensa contra los fenómenos climáticos extremos que amenazan la vida de aquellos que habitan en el corredor de aguas abajo. Con la proyección de ingresos de 30.000 millones de dólares por la exportación de energía para el año 2030, es evidente que la inversión en infraestructura no solo es útil, sino esencial para el desarrollo sostenido del país.
La reticencia hacia la obra pública, en un momento donde la infraestructura es vital, refleja un riesgo latente. Los economistas y especialistas en finanzas deben trabajar en la búsqueda de modelos de financiamiento que permitan llevar a cabo proyectos de este tipo. La ingeniería, con su capacidad de planificación y estudio, debe replantear la urgencia de estas obras trascendentales. La falta de mantenimiento en las rutas ya es un problema palpable, con el deterioro de caminos que afecta la seguridad vial y, por ende, la economía, especialmente en un país con un sector agrícola y ganadero tan relevante.
Las rutas no solo conectan puntos geográficos; son arterias del comercio. En un momento donde la cosecha se acerca, la necesidad de carreteras seguras es apremiante. El mantenimiento de estas vías no solo garantiza el transporte eficiente de productos hacia los puertos de embarque, sino que también representa un ingreso potencial de 35.500 millones de dólares. Sin una infraestructura adecuada, la comunicación y el comercio se encuentran en riesgo, lo que afecta directamente la calidad de vida de los productores y la economía en general.
La minería, un sector en expansión, también requiere atención inmediata en términos de infraestructura. El tiempo que tarda un camión para transportar litio es un reflejo de las deficiencias logísticas que deben ser abordadas. Las condiciones extremas a las que se enfrentan los trabajadores en altitudes elevadas y temperaturas adversas exigen soluciones ingeniosas y eficientes. Aquí es donde la tecnología puede jugar un papel crucial; aplicar innovaciones para prevenir y proyectar el futuro es vital para el desarrollo económico del país.
En conclusión, el dilema entre infraestructura y catástrofe no es solo una cuestión de construcción, sino una decisión que impactará en la vida de cada ciudadano. La infraestructura no solo es una inversión económica; es una garantía de seguridad y bienestar. Ante la urgencia de los desafíos climáticos y económicos, es imperativo que todos los actores involucrados se alineen en la búsqueda de soluciones prácticas y efectivas. Un país que no prioriza su infraestructura corre el riesgo de enfrentar consecuencias devastadoras. Que este año 2025 sea un año de reflexión y acción, donde la planificación y la ejecución de obras necesarias se convertirán en una realidad.
Los esperamos en nuestra próxima edición.
