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El uso del suelo y el transporte. Cuarto capítulo.

Crónicas sobre el tránsito. Por el Ing. Oscar Fariña.
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EDITORIAL

Crónicas sobre el tránsito. Por el Ing. Oscar Fariña

Conforme con lo tratado en nuestra Edición anterior y continuando con el tema de los Parques Nacionales, analizamos ahora otros tipos de Reservas Naturales, bajo control de las autoridades de las Provincias; como así también las supervisadas directamente en el ámbito de las Municipalidades. Asimismo, para completar este estudio macro geográfico del uso del suelo en el país, se presenta en forma sintética un documento sobre la problemática muy actual de los espacios reclamados por las comunidades de los pueblos originarios.

Los Parques Naturales en jurisdicción provincial
Del análisis que se encaró sobre la evolución de los Parques Nacionales, se determinó que en la actualidad ocupan una superficie total de aproximadamente unas 5.000.000 de ha, lo que representan sólo un 1,8 % del territorio continental de nuestro país (2.780.4000 Km²). Esto ha significado un importante esfuerzo a partir del año 1934 con la creación de los primeros dos (Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Iguazú) de una serie que alcanza en la actualidad a 36 Parques. Este porcentaje es relativamente bajo si se lo compara con los valores registrados en otros países; no obstante lo cual, se entiende que si se consideran otros tipos de reservas naturales, se pueden obtener resultados más satisfactorios en esta problemática tan vinculada a la conservación del medio ambiente y al tan reiterado concepto del cambio climático, sobre el que vamos a volver en otras ediciones.
A este respecto, anteriormente se incorporó al estudio, un cuadro con las Reservas Nacionales también controladas por la Administración de Parques Nacionales, que totalizan 19 espacios repartidos en 16 Provincias. A fin de completar ahora este desarrollo, se agregan las reservas en jurisdicción provincial, establecidas en todo el territorio nacional, tal como puede verse en los Cuadros N° 1 y N° 2 adjuntos y que totalizan unos 166 espacios controlados. (Para ver los cuadros haga click)
Dada la magnitud de la información respectiva, se han simplificado los cuadros agrupándose los distintos tipos de reservas (natural, de biósfera, de uso múltiple, forestal y otras con variadas denominaciones), por provincia y por ecosistemas. No obstante, un detalle de cada una de las 168 consideradas, puede ser consultado en la dirección de referencia.
Si se consideran además de las Reservas Nacionales, que se detallaron en el informe anterior, las Reservas Provinciales que aquí se han descripto, se tiene un aumento muy importante en el área total del uso de la tierra para este objetivo de preservar los ecosistemas de numerosos espacios protegidos. Véase que solo en este caso se tienen aproximadamente 10.000.000 Ha., lo que representa respecto a los 5.000.000 Ha. de los Parque Naciones un incremento que lleva a superar el 6 % sobre la superficie total del territorio de nuestro país.

Territorios de los pueblos originarios
En el Censo Nacional 2010, se determinó que la composición de la población originaria de nuestro país ascendía a 955.032 personas que representaban el 2,38% del total de la población y que formaban parte de los 31 pueblos indígenas identificados como se describe a continuación:
Atacama, Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupi, Comechingón, Diaguita-Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule, Maimará, Mapuche, Mbyá Guaraní, Mocoví, Omaguaca, Ona, Pampa, Pilagá, Quechua, Rankulche, Sanavirón, Tapiete, Tehuelche, Toba (Qom), Tonocote, Tupí Guaraní, Vilela, Wichí, entre otros.

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El análisis de esta problemática supera los alcances de esta enumeración sintética de las distintas formas de uso de la tierra; no obstante lo cual se describe a continuación algunos aspectos relevantes a partir de lo publicado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
En el año 2006, se sancionó la Ley N° 26.160, por la cual se estableció “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, (…) por el término de 4 (cuatro) años” y también se fijaba un plazo de 3 años para que el INAI realice un “relevamiento técnico – jurídico – catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Como era de suponer, estos plazos fueron prorrogados varias veces y luego de encarar numerosas acciones, a partir de la celebración de convenios con los gobiernos provinciales, se tiene que en el año 2016 se habían relevado 702 comunidades que representan el 74% respecto de los objetivos planteados en el inicio del programa (950 comunidades) y el 46% respecto del número de comunidades actualmente identificadas (1532 comunidades). Ello significa que se han relevado alrededor de 7.829.750,5 hectáreas de las identificadas inicialmente (9.000.000 de hectáreas) lo cual representa el 86,99%.
Todo esto se ha mantenido en permanente actualidad y ha dado lugar a conflictos de variada naturaleza y a modo de cierre se agrega una introducción del informe producido por el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que resumen perfectamente la situación sobre el uso del suelo:
“En general, los pueblos indígenas enfrentan varias barreras para acceder a la justicia, incluyendo barreras lingüísticas, culturales, económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y los recursos naturales. A lo largo del país, los tribunales han tendido a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena”.
En el mapa se señalan geográficamente la ubicación de los territorios sobre los que se extiende la residencia de las distintas comunidades indígenas.
Para concluir, recomiendo a los interesados en esta problemática, consultar al informe producido por la Auditoría General de la Nación con el objeto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (Periodo auditado 2010 -2015).
La seguimos en el próximo capítulo.
Que todo sea para mejor.