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Estimar la demanda de neumáticos. Un desafío para el transporte automotor de pasajeros

*Por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
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EDITORIAL

La función social que tienen los colectivos urbanos y los micros de larga distancia es la de garantizar la prestación de los servicios con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todas las personas que los utilizan para su movilidad. Para que esto ocurra es necesario que las empresas y el Estado puedan generar las condiciones para la operación de los servicios con estándares de seguridad y confort.

De acuerdo con lo expresado por los actores claves del sector empresario, los neumáticos están en falta en el mercado nacional. En la actualidad, la disponibilidad de este insumo básico para que la prestación pueda mantenerse operativa bajo los mencionados parámetros está en cuestión: ¿En qué medida es posible captar la magnitud de este problema? ¿Qué instrumentos pueden generarse desde el Estado para producir evidencia que aporte a la toma de decisiones?

La Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores (DNISAU) de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), avanzó en la confección de un modelo para la estimación de la demanda mínima de neumáticos, requerida por el transporte automotor de pasajeros urbano de jurisdicción nacional. Además, en la estimación se incluyeron los servicios municipales y provinciales que cuentan con el sistema SUBE para el cobro de boleto. El cálculo también fue confeccionado para el transporte público de larga distancia y de turismo bajo Jurisdicción Nacional.

El recorte a este segmento de prestaciones no desconoce que existe una competencia por este insumo con otros servicios -como el transporte de cargas- pero permite aplicar a un caso concreto el modelo de cálculo propuesto.  

La estimación de la demanda mínima de neumáticos pone en relación durante un período proyectado de dos años cuatro componentes: parque móvil, kilómetros recorridos, configuración de ejes dominante de los vehículos y durabilidad de los neumáticos. Con base a estos, la lógica del modelo elaborado entiende que los neumáticos que corresponden al eje direccional al alcanzar su kilometraje máximo deben ser reemplazados por un nuevo juego en el tren delantero, puesto que por ley no pueden recaparse. No obstante, la banda de rodadura de las cubiertas direccionales puede ser reemplazada dos veces para pasar a ser utilizadas en los ejes de tracción o libre, según el tipo de carrocería y servicio que se observe. Esta rotación puede llegar a generar un stock que reduce la necesidad de demanda de nuevas cubiertas durante el período contemplado en la estimación. Es por esta razón que el modelo arroja un número mínimo de neumáticos nuevos requeridos; a su vez supone que este insumo alcanza en todos los casos el máximo de su vida útil.

Esta descripción estándar adquiere contenido específico de acuerdo con los parámetros que corresponden a cada segmento de actividad que pueden consultarse en el documento publicado por la JST: https://bit.ly/demandaneumaticos.

El resultado que se obtuvo para el primer año, es una demanda de 41.980 neumáticos direccionales para abastecer a todo el parque móvil automotor urbano de pasajeros que cuenta con la red SUBE en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Este valor asciende a 68.128 unidades para el segundo año. Además, para el caso de transporte de pasajeros interurbano de larga distancia por servicio público y turismo, en el primer año se obtuvo una demanda de 4.304 neumáticos direccionales; valor que asciende a 7.972 para el segundo año.

De este modo la DINSAU aporta a la construcción de una herramienta que permite aproximarse a cuantificar la dimensión del problema que afecta la coyuntura actual de las prestaciones y que tiene como instrumento la potencialidad de estimar la demanda en otros segmentos de la actividad.

Generar conocimiento empírico sobre la realidad del sector de transporte por automotor tiene como objeto último, aportar en la construcción y fortalecimiento de acciones públicas orientadas a incrementar los márgenes de seguridad en los que operan los servicios a favor de las y de los usuarios.