INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 2012-2021

Una herramienta para consolidar el crecimiento

* Por el Ing. Fernando Lago

En los últimos años, mucho se ha hecho en cuanto a inversión en infraestructura económica y social del país. Sin embargo,  se debe mirar el futuro.

Hoy existe conciencia  de que la planificación es una herramienta valiosa para orientar el crecimiento del país, de que se debe pensar a diez años y de que todos los sectores deben contribuir a ello.

El objetivo común debe ser lograr un desarrollo integrado, que lleve a un país productivo, socialmente equitativo y ambientalmente responsable, en cada región de nuestro país.
Como Institución, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) es consciente de que, para ello, no basta una propuesta de inversión en infraestructura y vivienda. Pero entiende que éste puede ser su aporte, como entidad que asume aquellos compromisos.

En ese sentido, la CAMARCO planteó, en 2006, cuál era el requerimiento de Inversión en construcción de Infraestructura y Viviendas, para sostener un crecimiento continuado del Producto Bruto Interno (PBI) del país del 5% anual.
La hipótesis utilizada era que la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) debía ser mayor que el  22,5% del PBI, 60% de ella destinada a Construcciones.

Este gráfico representa la evolución real de esas variables macro- económicas, a partir de 2006, es decir luego de la presentación de aquellos estudios, y muestra que los supuestos fueron alcanzados.
Corresponde señalar que la porción publica de la inversión en construcciones no dejó de crecer en el periodo, alcanzando un 5,06% del PBI en 2010, según información provisoria de la Dirección Nacional de Inversión Pública, según se muestra en el siguiente gráfico.

Gracias a ese nivel de inversión pública y privada, entre otros factores, el PBI creció, desde 2005, más que lo previsto en aquellos estudios. En 2010, se alcanzó el PBI que estos preveían para 2011. En efecto, creció, hasta 2010, un 38,51% respecto a 2005, 4,74 puntos porcentuales adicionales a lo proyectado.
Sin embargo, el desafío para la próxima década es mantener el crecimiento, cuando ya no queda capacidad instalada ociosa, cuando el uso de la infraestructura existente, durante cinco años de alto nivel de actividad, la ha deteriorado y cuando hay que resolver demandas sociales crecientes, impuestas por el progreso y desarrollo alcanzado.
Cuellos de botella previsibles
De acuerdo a la opinión de los distintos sectores y de los actores productivos,  los signos de cuellos de botella derivados de la Infraestructura actual, ante una intención de crecimiento continuado por una década, son:
* Congestión vial, con alta incidencia de accidentes.
* Aglomeración de camiones en acceso a puertos, en particular durante los periodos de embarque de la producción.
* Deterioro creciente en el estado de los caminos, derivado de su uso intensivo.
* Falta de caminos rurales de circulación permanente, para la salida oportuna de producción.
* Caída de la carga ferroviaria en ramales como el Ferrocarril Belgrano a una pequeña fracción de los registros históricos. Este es un retroceso en el uso eficiente de recursos y castiga la competitividad de la producción de las zonas servidas.
* Deterioro del material rodante en los ferrocarriles.
* Velocidad de trenes incompatible con un servicio eficiente.
* Efecto pernicioso del tránsito de cargas en los accesos a puertos sobre las ciudades.
* Encarecimiento de fletes para la producción regional.
* Insuficiente uso del modo fluvial como medio de salida de la producción del Litoral.

En los aspectos energéticos, hídricos y de vivienda:
* Reserva de capacidad en la potencia eléctrica instalada en el límite técnico. Ello provoca restricciones al uso industrial en días de calor o frío significativos y puede tener consecuencias en los  años secos, (por menor producción en las usinas hidroeléctricas).
* Mayor participación de los combustibles fósiles en la generación de energía con el mayor costo operativo consecuente y la mayor generación de gases de efecto invernadero.
* Mayor participación de la importación de combustibles y energía en el comercio externo, con efectos negativos sobre la balanza comercial y el nivel de reservas internacionales.
* Reiteración en los prejuicios provocados por inundaciones, crecientes y otros fenómenos naturales.
* Necesidad de superar la mala distribución regional del recurso agua.
* Ampliación del déficit habitacional, pues no se llega a construir las 120.000 nuevas viviendas por año (55% de ellas destinadas para sectores que dependen de acciones públicas), requeridas por el crecimiento vegetativo de la población. Por tanto, no se disminuye el déficit habitacional total preexistente.
* Insuficiencia en la construcción de infraestructuras urbanas adecuadas a los nuevos habitantes de las ciudades, para atender el crecimiento  vegetativo de la población y las migraciones internas.
* Grandes carencias de drenajes, pavimentos, alumbrado público, gas, agua, cloaca en zonas suburbanas.
En la infraestructura social:
* Deterioro del estado de funcionamiento del stock existente de escuelas y hospitales.
* A pesar de las inversiones realizadas, el país aún se encuentra lejos de cumplir con las Metas del Milenio de Naciones Unidas, en la provisión de acceso a redes de agua y saneamiento.
* Insuficiencia en el tratamiento de residuos sólidos urbanos en la mayoría de los centros urbanos.
* Necesidad de mejorar los sistemas de transporte público para reducir los tiempos perdidos en el traslado al trabajo de los ciudadanos.

Desafíos
Las metas propuestas para consolidar el crecimiento y para resolver los cuellos de botella que este pude provocar, según estudios de la Asociación Argentina de Carreteras, son:
– Adecuar la red vial al tránsito creciente, de acuerdo a normas técnicas que contemplen esos niveles de utilización, las velocidades actuales, y la seguridad de los usuarios y de los peatones.
– Adecuar el mantenimiento de la red vial para evitar llegar a los estadíos de desgaste excesivo, en que la recuperación es más onerosa.
– Reorganizar el sistema multimodal de transporte para hacer frente al desafío de producciones agrícolas e industriales crecientes, con menores costos y menor impacto ambiental.
– Mayor participación del modo ferroviario en el transporte de cargas y en el transporte urbano de pasajeros.
– Mayor participación del transporte fluvial en el transporte de cargas, adecuando puertos, silos, vías navegables y las regulaciones.
Las metas propuestas en cuanto a Energías y Agua:
– Proveer energía al crecimiento: agregar la generación requerida cada año para atender la mayor demanda derivada de un nivel de actividad creciente; tender al 20-20-20 propuesto por la Comunidad Económica Europea (20% de la matriz energética total proveniente de fuentes renovables para el año 2020) y avanzar en el uso racional de la energía disponible; y extender y mantener las redes de distribución de energía eléctrica y gas y racionalizarlas.
– Optimizar el uso del recurso agua, mediante: manejo de las inundaciones y crecientes y prevención de los daños derivados; extensión del riego con fines productivos; y la construcción de acueductos regionales.
Las metas propuestas en cuanto a Vivienda y Ciudades:
– Reducir el déficit habitacional: Continuar con la política de vivienda social; desarrollar políticas de viviendas para sectores medios que impliquen algún grado de subsidio a la demanda; y cumplir la meta del derecho constitucional al acceso universal a la vivienda en 20 años.
– Mejorar las ciudades: Optimizar la densidad poblacional de las ciudades y planificar su crecimiento para hacer más racional la inversión en infraestructura; cumplir las Metas del Milenio, ampliadas, en cuanto al acceso al agua y  al saneamiento; alcanzar el acceso universal a la escuela equipada y al centro de salud moderno; dar infraestructura urbana: pavimentación, veredas, drenajes, alumbrado público, seguridad electrónica, transporte público, a zonas de nuevas viviendas y a las zonas que aun no disponen de todos los servicios urbanos; mejorar la eficiencia energética de edificios construidos y a construir; implementar redes inteligentes de distribución eléctrica y la generación distribuida de energía. Proveer gas por redes a sectores que carecen del servicio; mejorar el transporte público en las aglomeraciones urbanas; desincentivar el transporte individual; y mejorar el tratamiento de residuos sólidos urbanos.
– Dotar a los ciudadanos de servicios de comunicación, información y entretenimiento modernos.
Cuantificación de la inversión
Concretar la inversión requerida para alcanzar esas metas, durante la presente década 2012-2021 es un enorme esfuerzo, que ha sido valorizado por especialistas de cada rama, en estudios ya completados y que están a disposición del interesado en las publicaciones de la CAMARCO. Esas valuaciones, revisables mediante el aporte de todos los actores del sector, tienen distinto grado de certidumbre, según la información disponible, pero en conjunto dan una idea aproximada del esfuerzo económico financiero a realizar.
Como resultado de esos estudios, puede resumirse la inversión a realizar, pública y privada para lograr un crecimiento continuado según varios cuadros.
En general, para su confección se ha utilizado la información preparada por distintos sectores, públicos y privados, como el Plan Estratégico Territorial, los planes de obras de entes públicos y Secretarías de Estado y publicaciones de cámaras sectoriales o emprendedores.
Como en el resto de los casos, se señala en el siguiente cuadro, la inversión en construcciones privada y la pública, así como la inversión privada en infraestructura.
Se incluyen también las erogaciones requeridas para recuperar infraestructuras preexistentes y para su mantenimiento durante la década. Consignamos aquí el detalle de inversiones vinculadas al transporte.

Inversiones
Las inversiones requeridas para energía, saneamiento y vivienda han sido calculadas también y se consignan en las publicaciones respectivas. Para infraestructura urbana, se han realizado estimaciones propias, pero basadas, en algunos aspectos, en los estudios sobre densidad urbana y sus efectos sobre la inversión en infraestructura realizados por el Instituto Superior de Urbanismo (ISUBA) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
También se han incluido estimaciones de inversión pública y privada en otros sectores como Comunicaciones, Nuevas Tecnologías, Industria, Agro, Minería, Turismo, basadas en información publicadas por las Secretarías de Estado con incumbencia en cada sector, noticias periodísticas de anuncios de emprendimientos privados y un análisis sobre inversión en instalaciones para acopio y riego para el sector agrario.

El esquema propuesto, como resultado de los estudios realizados, implica una inversión pública en infraestructura económica y social del orden de 6,89% del PBI durante diez años. A ello se agrega una contribución de inversiones privadas en infraestructura realizada por concesionarios, prestadores de servicios públicos, emprendedores etc. del orden del 2.01% del PBI.
La inversión total propuesta para el desarrollo y recuperación de la infraestructura sería entonces del 8,90% del PBI.
Sin embargo debe señalarse que este monto incluye alrededor del 3.34% del PBI para la Recuperación de Infraestructuras existentes deterioradas y para el mantenimiento de las estructuras existentes y a construir, lo que, en términos rigurosos, no constituye inversión en infraestructura.
La inversión neta propuesta, en nuevas infraestructuras, sería entonces del 5.56% del PBI.
Como señalan la mayoría de los tratadistas macro económicos y los anteriores estudios de la Cámara (2006), ese nivel de inversión garantiza un crecimiento continuado del PBI mayor que el 5% anual acumulativo. Esto llevaría a un crecimiento del PBI, en la década, del 66%.
Lo realizado en los últimos años, la experiencia de los países que crecieron en las últimas décadas y la capacidad de trabajadores y empresarios argentinos, permiten prever que es posible alcanzar dichas metas y que vale la pena esforzarse para lograrlo.
Asimismo la comparación con los valores alcanzados por una serie de países en 2009, para los casos en que los datos están disponibles, muestran que son valores alcanzables.
Sin duda,  el elemento determinante del éxito es el acceso al financiamiento. Por supuesto, semejante esfuerzo requerirá de la participación de todos los sectores.

Financiamiento
A efectos de identificar las posibles fuentes de financiamiento, la Cámara ha firmado convenios para el estudio del tema con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y con un grupo de destacados economistas. Los estudios se encuentran en curso, pero ya se puede adelantar una perspectiva optimista acerca de la factibilidad del plan propuesto. En este sentido, los expertos sostienen que la existencia de una gran masa de liquidez en el mercado financiero local e internacional, así como un abultado stock de inversiones en instrumentos financieros locales canalizado por los inversores institucionales, confieren un marco favorable para diseñar una estructura de financiamiento que resulte confortable para los requerimientos del mercado y sus distintos actores, al tiempo que permita el redireccionamiento de las inversiones desde lo estrictamente financiero hacia la economía real, en coincidencia con explícitas políticas del Estado Nacional.
Los trabajos en curso analizan las distintas alternativas de financiamiento para la infraestructura.
Para ello se recurrirá entre otras, a las siguientes fuentes de financiamiento:
* Mantenimiento del nivel de la inversión pública en valores del orden del 5% del PBI, monto alcanzado en 2010 según la Dirección Nacional de Inversión Pública o su incremento en función de las posibilidades presupuestarias.
* Reasignación de los subsidios a favor de los sectores sociales más desfavorecidos, tendiendo al subsidio a la demanda en lugar de subsidio a la oferta, sincerando las tarifas para los demás sectores de modo de reducir el impacto global de los subsidios y liberar fondos públicos para la inversión reproductiva, proceso que el Estado Nacional ya ha iniciado.
* Implementación de fondos específicos, administrados por Fideicomisos ad-hoc, que se destinarían a construir infraestructuras para sectores que, con el tiempo, pueden pagarlas. Es el caso de algunos desarrollos urbanos, financiables, en cierta medida, mediante la creación y “venta de suelo urbano creado”, mediante cambios en la legislación urbanística, según la propuesta de la Cámara de 2009, aplicable a la construcción de infraestructuras para sectores urbanos nuevos o deteriorados.
* También es el caso de determinadas obras viales, financiables mediante tasas a los combustibles.
* En particular, entendemos que debe promoverse la construcción de caminos rurales en zonas productivas de la pampa húmeda y otras regiones, para la salida de la producción, pagables con la contribución por mejoras de los beneficiados, aplicando esquemas contractuales y financieros, ya desarrollados.
* Gestión ante los Organismos Multilaterales de Crédito para que amplíen su actividad en el sector infraestructura del país.
* Promoción de los regímenes de Participación Público Privada (PPP) para inversión en Infraestructura, adecuando los marcos regulatorios de ser necesario.
* Implementación de políticas activas para facilitar el acceso de empresas argentinas al mercado de capitales externo para inversión en infraestructura, que tiene un volumen estimado en 17.000 millones de dólares para 2011.
* Sustitución de importaciones de combustibles fósiles por el uso de energías renovables.
Para el financiamiento de la Vivienda y otras construcciones privadas debería implementarse:
* Repotenciación del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), volviendo a darle la envergadura que tuvo en sus orígenes, como forma de incrementar las acciones en vivienda social.
* Promoción y facilitación del acceso al crédito hipotecario para la adquisición de viviendas por sectores medios, mediante las medidas propuestas por la Cámara en su presentación de 2010 u otras similares.
* Campaña de regularización de los dominios sobre las viviendas existentes. Esto permitirá incrementar el recupero de fondos FONAVI, que realimentarán el sistema pero además incorporará como sujetos de crédito a numerosos nuevos propietarios, lo que contribuirá a un nivel de actividad económica general creciente.
* Incentivo a la inversión privada en construcciones industriales, energéticas, inmobiliarias, y destinadas a los sectores mineros, del turismo y del acopio de granos, lo que podría lograrse mediante desgravaciones y facilitando el acceso de los emprendedores al financiamiento externo.
En cuanto al consumo de combustibles fósiles, debemos llamar la atención, con vistas al futuro, sobre lo que sufriríamos hoy, si el país no hubiera invertido en generación hidroeléctrica. En un año de régimen de lluvias medio, como 2010, las hidroeléctricas abastecieron alrededor del 38% de la demanda eléctrica total. Sin ellas, durante 2010, el país hubiera debido importar por 16.500 millones de pesos (4.100 millones de dólares) para obtener Gas Natural Licuado (GNL) traído por barco, o alrededor de 13.100 millones de pesos (3.400 millones de dólares) si las usinas alternativas hubieran funcionado a gasoil.
Impacto macro económico
La concreción de un Plan similar al propuesto implicará brindar actividad e incentivos para el equipamiento, la tecnificación y la capacitación a las 23.000 empresas constructoras hoy registradas, 95% de ellas PyMEs; posibilitar la creación de alrededor de 15.000 nuevas empresas, seguramente pequeñas y medianas empresas en sus inicios; y hacer factible que las PyMEs existentes, y las que se creen, continúen albergando el espíritu emprendedor de nuestra gente, generen la mayor parte del nuevo empleo y sean, como hoy, motor de la innovación en el sector.
Con todas esas compañías se podrá tener una dotación estimada total de 625.000 trabajadores en este año, e incorporar 32.000 nuevos operarios cada año, hasta llegar a 970.000 ocupados en 2021; y ocupar a 36.000 ingenieros este año y 1.800 adicionales por año, hasta alcanzar a 56.000 en 2021, esto para conducir las obras de infraestructura, según estándares algo más optimistas que los previstos por las autoridades de Educación Superior de Brasil. También se podrá ocupar a 20.000 arquitectos y técnicos para desarrollar las obras de vivienda, educación, salud, etc. y capacitar e incorporar luego 1.000 por año hasta llegar a los 31.000 dentro de diez años; como también capacitar un número similar de capataces.
Asimismo, permitirán equipar a las empresas con 4.000 nuevos equipos de construcción pesada (grúas, equipo vial) cada año, y proveer repuestos al parque existente por un monto estimado de 700 millones de dólares; e incrementar la capacidad instalada en los eslabones de la cadena de valor para atender una demanda proyectada de cemento, áridos y acero, del orden del 60% superior a la actual, en diez años.
Pero todo ello generará una actividad directa e indirecta en la economía, estimada en 2,16 veces la inversión realizada.
Esa actividad tendrá un retorno fiscal del orden del 38%, según estudios publicados por la CAMARCO..

Conclusión
La Cámara Argentina de la Construcción sostiene que la inversión en infraestructura y vivienda integra el país, genera productividad y mejora la calidad de vida de la población. Es el medio más rápido y efectivo de inclusión social, no solo durante su realización sino, fundamentalmente, una vez habilitada la obra.
En el origen de este trabajo se encuentra el convencimiento de la CAMARCO de que las erogaciones en infraestructura y vivienda no son un gasto sino una inversión. A la vista de los resultados de esos estudios, creemos que ese esfuerzo de inversión es posible y que vale la pena realizarlo. Como en 2006, la Cámara espera que los trabajos presentados contribuyan a que el país logre el crecimiento y desarrollo propuesto.
* El Ing. Fernando Lago es director del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción. Cabe señalar que esta presentación se llevó a cabo en la 1º Expo Industrial y Minera que se desarrolló del 9 al 12 de noviembre en Olavarría y también formó parte de la 59º Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.