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El costo de la intransitabilidad de los caminos rurales: diagnóstico y propuesta

En el marco de la Jornada Caminos Rurales llevada a cabo en la 132º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural, el Lic. Matías José Martínez planteó las consecuencias que ocasiona el mal estado de los caminos rurales.
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EDITORIAL

*Por el Lic. Matías José Martínez

Problemática

Las actividades agropecuarias y ganaderas se encuentran atravesadas por diferentes problemáticas que inciden directa o indirectamente sobre sus costos productivos, lo que impacta negativamente en la competitividad de mercado, ya sea interno o externo. Las operaciones logísticas ocupan la totalidad del proceso logístico, tanto el abastecimiento de insumo como su almacenamiento, distribución del producto y la capacidad de stock del productor. La ineficiencia que presente cada una de estas etapas incurriría en tiempo o recursos monetarios extras no previstos por el mismo.

El nivel de precipitaciones en la provincia de Entre Ríos es un factor determinante que condiciona la operatividad del camino. Para poder medir la problemática y evaluar su impacto sobre la producción se tomó como caso testigo el camino que une las Aldeas San Rafael y Santa Rosa en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos. Dicho camino opera articuladamente con la ciudad de Crespo, importante polo agroindustrial donde existen frigoríficos y establecimientos productivos vinculados con los establecimientos primarios ubicados a las laderas de los caminos.

 

\"\"En ambos lados del camino se desarrollan actividades agropecuaria, ganadera, avícola, tambera y porcina. En total se contabilizaron 16 unidades productivas que utilizan el camino rural como conector logístico en sus procesos de producción y comercialización. Se obtuvo información primaria a partir de la comunicación personal con los productores para detectar y cuantificar la problemática que le genera esta vía en mal estado en las diferentes producciones.

 

Evaluación de costos:

Se contabiliza un mayor número de actividad de gallinas ponedoras, cuatro tambos, dos locales de pollos parrilleros y un productor que posee la producción integrada de capones. El total asciende a $147.761.972, sin calcular la actividad ganadera y agrícola, ya que se la considera de un impacto marginal en relación a las previamente registradas.

\"\"Los productores aseguran que, luego de los 40 milímetros de lluvia, el camino se torna intransitable. Se constataron, en base a lo ocurrido en 2015, 53 días de anegamientos en la zona cuando en promedio la provincia oscila entre 70 y 100 días de intransitabilidad, por lo cual es posible afirmar que 2015 fue un año de sequías.

El impacto en los costos de los productores se manifiesta en: periodo de tiempo más corto en el que se realiza el service de los rodados, pérdida de tiempo en la entrega del producto que implica mayor cantidad de días de alimentación de los pollos y porcinos, grandes precios energéticos, de stocks, horas extras para los empleados, pérdida de calidad en los productos e incluso el desecho de los mismos (leche y huevos), entre otros. Los detallados fueron evaluados por actividad a razón de los 53 días de no operatividad del camino, obteniendo los siguientes resultados:

\"\"Vemos cómo la actividad de cría de pollos parrilleros incrementa un 36% sus costos operativos, los porcinos de engorde un 28%, el tambo un 19% y las gallinas ponedoras un 5%. Se constata la mayor presencia de actividad de producción de huevos en la zona por su bajo impacto (5%) en los costos logísticos, pero, en el caso de las restantes producciones son significativas las erogaciones monetarias extras que se deben realizar para mantener su labor. El caso de la lechería es notorio ya que durante los últimos años se produjo el cierre de numerosos tambos. En este trabajo puede justificarse una de las principales causas que obstaculizan la rentabilidad de la actividad. En los porcinos se visualiza en la pérdida de competitividad frente al ingreso de las carnes importadas de Brasil o Estados Unidos, lo que muchas veces imposibilita el aumento del número de productores, ya que se optan por la actividad agrícola o ganadera que permiten alterar los tiempos de entrega o abastecimiento de insumos, aunque resultan perjudicados en la producción. Es decir, nadie invertirá en una actividad con márgenes entre el 20 y 35% de sobrecostos causados por la ineficiencia logística que presenta el sector. El buen estado o la seguridad del tránsito sobre el camino genera certeza en los periodos productivos de entrega del producto y abastecimiento de los insumos. Lo notorio es que, con dicha dificultad presente, Entre Ríos es uno de los principales exportadores nacionales de carne avícola (41,8% de sus exportaciones agroindustriales) y participa en el rubro de los lácteos comercializados en el exterior. Se reflejan dos situaciones; por una parte, la competitividad externa presente aún con altos costos logísticos y por otra, el potencial para incrementar las exportaciones en rubros donde existen mercados disponibles.

¿Cómo solucionar el problema?

El análisis citado se realizó en 2016 a fin de justificar económicamente la construcción del camino. Si bien es altamente rentable para la región, muchas veces existen variables que no se manejan con la lógica de quienes evaluamos técnicamente los problemas productivos. La falta de financiamiento es el principal escoyo, por ende, si uno no propone una solución viable estarían siendo parte del conflicto.

Propuesta consorcio público-privado

A las laderas del camino se contabilizaron 24 campos con un promedio de 160 hectáreas, cada uno afectado de manera directa por la problemática. La particularidad de la situación es que esta vía es de dominio público pero los beneficios son preferentemente del sector privado (los productores), por lo cual, estos últimos no podrían realizar la mejora ya que no se pueden apropiar del bien, aunque sí lo hacen de sus ventajas. En economía esta situación se conoce como “imperfección de mercado” ya que el uso del camino es casi exclusivamente del productor, pero su propiedad es del Estado. No se encuentran definidos los derechos de propiedad sobre el bien y sus beneficios, situación que distorsiona la utilización y conservación del bien público.

Ante tal problemática se propone la formación de un consorcio “público-privado” canalizado por el aporte de capital de los productores ($70.000.000[1]), el cual se le reintegraría por medio de la exención del impuesto inmobiliario o cancelación de deudas de otros provinciales. Se estaría implementando la modalidad de consorcio para construcción, diferente a la de mantenimiento que existe en otras provincias. Aquellos que no quieran participar de la iniciativa pagarían el impuesto inmobiliario con optimizaciones, de igual manera que en la zona urbana cuando se llevan a cabo, por ejemplo, obras de semi peatonales.

En la provincia existen antecedentes exitosos de asociatividad público-privado o sistema de desgravación impositiva. El caso de la Fundación Proarroz demuestra cómo mediante la creación de un impuesto (Ley N° 9.228) en la comercialización del producto con la finalidad de generar recursos para el financiamiento de I+D en el sector, la región dejó de importar variedades y comenzó a exportar en un periodo menor de 30 años. Otro ejemplo es la Ley Provincial N° 8318 de Conservación de Suelos que, con un sistema de desgravación en el impuesto inmobiliario rural, estimula la adopción de rotación de cultivos y el uso de terrazas.

¿Por qué se propone la construcción y no la conservación?

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se argumenta que Entre Ríos es la provincia que mayor longitud de trama vial posee en el país y, sumado a las características geográficas del suelo, hacen dificultosa la actividad de conservación de manera permanente y a tiempo; es por ello que existe mayor viabilidad en el tiempo de las obras de conservación de caminos asfaltados a las de ripio o tierra.

¿Es beneficioso para el productor?

El productor evitaría costos operativos extras de un valor de $12.685.577 que podría reinvertir en su actividad, y que le permitiría optimizar contratos con sus integradores (clientes) otorgándole así mayores volúmenes de comercialización en el futuro generado por la previsibilidad en la producción a consecuencia del camino asfaltado.

En el siguiente gráfico se contabilizan los costos en conjunto de los productores en la zona:

\"\"Otro impacto directo se genera sobre el precio de la propiedad de la tierra. Según inmobiliarias rurales de la zona, una hectárea de campo (a precios del año 2016) tiene un valor aproximado de US$10.000 en camino de tierra y US$17.000 los linderos a la ruta. Es decir que la diferencia es del 70% en dólares y, proyectado al camino bajo estudio, se estipula que la consecuencia sobre el precio no es menor al 40%. Esta mejora es razonable en términos de mayores ingresos futuros que generaría el propietario frentista de la obra. Por ende, no sólo estaría capitalizando al productor, sino que además permitiría disponer de mayor capacidad de toma de créditos a razón del valor del bien hipotecado.

A precios del año 2016 y teniendo en cuenta las 3.840 hectáreas involucradas en los 24 campos, se debería destinar $18.229 por hectárea para el asfaltado. Como el consorcio sería voluntario, podría ocurrir que un gran productor o empresa disponga del total del capital y se beneficie a partir de las excepciones impositivas. Se busca autofinanciar aquellos caminos considerados productivos para la región y su factibilidad se demostrará con el interés que presenten los productores en relación a los costos productivos. En Entre Ríos se utilizan recursos de los productores con el objetivo de conservar los caminos o puentes en situaciones de anegamientos; con esta propuesta se pretende formalizar la situación mediante una figura legal que otorgue seguridad al productor del destino de sus recursos, ya que sería la contraparte de la firma contratista. La Dirección Provincial de Vialidad ofrecería el servicio del diseño y proyecto de la obra, y el Poder Legislativo dispondría del encuadre normativo a través de una ley provincial. Bajo este esquema, el productor direccionaría el impuesto inmobiliario directamente a la obra; de ese modo se estaría dando una respuesta real a la manifestación recurrente sobre “abono impuestos pero no lo veo reflejado en mi actividad”.

¿Es beneficioso para el Estado provincial?

Posiblemente, esta propuesta sería objetada por un legislador bajo el desfinanciamiento del Estado provincial argumentando que ingresarían menos recursos a través del impuesto inmobiliario. Es importante tener una mirada más amplia; es cierto que disminuirá la recaudación del inmobiliario rural, pero indirectamente las arcas públicas compensarán ese impuesto por el mayor volumen de Ingresos Brutos.

\"\"El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que el impacto del impuesto “Ingresos Brutos” sobre la cadena productiva del sector de alimentos es del 6 al 9% del valor total. En la primera columna del Gráfico N°3 se visualizan los costos que evitaría el productor con el camino asfaltado. Utilizaría el monto de $12.685.577 para la producción, lo que impactaría una recaudación de Ingresos Brutos de $1.014.846. El segundo efecto positivo en los impuestos estaría dado por el incremento en la producción a partir de mejores expectativas basadas en la mayor inversión prevista que, si ponemos como base el aumento en un 10%, obtendríamos la cifra de $1.169.644 presentes en la tercera columna. En la cuarta, de color rojo, se observa la pérdida de recaudación en el impuesto inmobiliario en los 24 campos afectados, aunque si se evalúa con los mayores ingresos generados por los Ingresos Brutos, contaríamos con un saldo positivo para las arcas provinciales de $904.490.

En un contexto de déficit fiscal provincial se estaría dotando de una herramienta legal para gestionar recursos ineficientes a la producción local, que impactarían en el incremento de la recaudación impositiva disminuyendo el rojo fiscal. Es una respuesta a la premisa que pretende acrecentar la misma aumentando impuestos; bajo este esquema se estaría ampliando la producción, redireccionando los recursos productivos para que se utilicen eficientemente.

Impacto social

Existe una vasta bibliografía sobre el impacto social que brindaría la conectividad de ciudades o pueblos para el desarrollo urbano y económico. Se podrían señalar algunos puntos que no cuantifica el estudio: menor migración de la aldea hacia la ciudad de Crespo o Paraná, mayor accesibilidad a centros asistenciales y educativos y mejora en la urbanización de la zona. En un trabajo similar realizado para la obra de acceso a la Aldea San Antonio en el departamento de Gualeguaychú, se contabilizó que sólo en el ahorro en el traslado desde la aldea hasta la ruta por el ingreso del colectivo interurbano, los pobladores estarían efectuando gastos de sus ingresos equivalentes al 5% del valor de la obra.

Consideraciones finales

Las implicancias climáticas representan un factor externo que influye significativamente en los costos operativos en el productor. La provisión del mantenimiento cada vez es más dificultosa, ya sea por problemas presupuestarios o por las modalidades de utilización del mismo de las diferentes actividades (láctea, avícola y porcina). Con la cuantía de costos extras anuales que genera la situación actual, el camino se podría autofinanciar en cinco años y medio.

La propuesta presente sirve como herramienta legal extra para solucionar la problemática. Aquellos caminos que no tengan importancia productiva pero sí social, se encontrarían entre las prioridades del presupuesto público. Sería innovador utilizar el impuesto inmobiliario futuro en capital para la pavimentación de la vía, aprovechar la significancia que posee el impuesto a los ingresos brutos como herramienta para compensar al inmobiliario, y disponer de la presencia del Estado provincial para generar el marco legal que posibilite la relación “productores-empresa contratista” como parte privada para el control de la creación del camino.

En el estudio se observa una respuesta económica que explica cómo, a través de una mejor gestión de los recursos, tanto parte pública como privada estarían mejorando sus ingresos. Simplemente es cuestión de adecuarse a las nuevas situaciones con soluciones innovadoras y no continuar atados a los miedos que limitan la posibilidad de disponer escenarios propicios donde todos se beneficien.