*Por el Ing. José Pablo Chelmicki, Gerente de CADECI, Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería.
Tenemos en claro que la infraestructura es el conjunto de estructuras físicas y organizativas necesarias para que una sociedad funcione. Incluye desde caminos, puentes, redes de agua, energía, transporte y telecomunicaciones, hasta escuelas, hospitales y sistemas de saneamiento. Es, en esencia, la base sobre la que se desarrollan la economía, los servicios públicos y la vida de la gente.
Por ello, invertir en infraestructura representa una apuesta a largo plazo por el desarrollo económico, la equidad territorial y la calidad de vida. Es un multiplicador de oportunidades: facilita el comercio, mejora el acceso a la educación y la salud, reduce desigualdades, atrae inversiones y conecta regiones.
El rol del Estado: planificar, priorizar y garantizar calidad
Por lo tanto, el Estado tiene un rol irremplazable en el desarrollo de la infraestructura. No solo porque muchas de estas obras son bienes públicos o de interés general, sino porque implican decisiones complejas, de alto impacto y largo plazo.
El Estado dispone de un conjunto de herramientas para planificar, financiar, ejecutar y mantener la infraestructura. Cada una tiene sus ventajas, limitaciones y debe ser aplicada según el tipo de proyecto, su escala, su impacto, su complejidad, su tasa de retorno, entre otras. Desde la inversión pública directa, el uso de Créditos de Organismos Multilaterales, la Concesión, Contratos de Participación Público-Privada (PPP), etc. etc. todos pueden ser útiles, pero ninguno es la solución universal ni suficiente por sí sola, ni sirven para todos los casos. Tampoco ninguna exime al Estado de planificar, regular y fiscalizar con firmeza. Además, todas requieren eficiencia administrativa y capacidad técnica en los organismos públicos.
Innovar de manera adecuada
Las urgencias y necesidades políticas y económicas no deben implicar el uso de una sola alternativa para hacer o mantener las obras y servicios, sino la más conveniente. Tampoco saltarse etapas esenciales en la ejecución de obras, ni modificar los sistemas de control, que aseguran la calidad, si en verdad se busca hacer un uso eficiente de los recursos y obtener mejores resultados de las inversiones realizadas.
Para que este proceso sea efectivo, es fundamental que las administraciones públicas promuevan las mejores políticas, orientadas a la innovación en la gestión, aprovechando todas las herramientas y mecanismos disponibles.
Como cualquier proceso, innovar conlleva riesgos y debe tener ciertos límites claros. Uno de ellos es caer en el error de convertir la innovación, o un mecanismo de contratación, en un fin en sí mismo, creyendo que por sí solo resolverá todos los problemas. Otro, error es enfocar todos los esfuerzos únicamente en reducir costos. Y finalmente, asumir con exceso de confianza, en que se sabe y tiene la respuesta a todo.
Estas situaciones se evitarían si se tuviera presente que la verdadera innovación consiste en aplicar con éxito ideas adecuadas. No todos los cambios son pertinentes ni aplicables a cualquier contexto.
“Nuevas ideas” (que no siempre lo son)
Con frecuencia, en nombre de la eficiencia o para acelerar los tiempos, se lanzan licitaciones sin contar con un proyecto completo, o con documentos técnicos escasamente elaborados, producto de recortes en tiempo y presupuesto en las etapas iniciales.
Sin embargo, lograr una inversión eficaz en infraestructura no implica recortar al mínimo el costo cada una de sus fases. Optimizar implica alcanzar un proyecto sostenible, con la calidad esperada por los usuarios y al menor costo total posible, considerando todo el ciclo de vida de la obra. Esta idea es una práctica común en los países desarrollados.
Dónde debe ponerse la atención
¿Qué hacen los países desarrollados para obtener mejores resultados? Invierten tiempo y recursos en la etapa inicial. Dedican entre el 4% y el 7% del valor total de la obra a estudios de alternativas, no solo desde un punto de vista técnico-económico, sino también considerando aspectos sociales, ambientales, legales y de gestión de riesgos. Esto no elimina los problemas, pero sí los reduce significativamente.
Contratar con enfoque en la calidad
En Estados Unidos, la Ley Brooks de 1972 prohíbe seleccionar servicios de ingeniería únicamente por precio cuando hay fondos federales involucrados. Canadá sigue un modelo similar, y desde 2008, varios estados han adoptado criterios de selección basados en la calidad. En Alemania, el Bundesrat exige que los servicios de ingeniería se asignen considerando calidad y experiencia, con honorarios y alcances claramente establecidos.
En América Latina, Colombia es un ejemplo: los servicios se contratan sobre todo basándose en la calidad. Además, por ley, todas las obras de un rango determinado deben ser supervisadas por interventores independientes, sin relación con el Estado ni con los contratistas.
