La cuenca Matanza-Riachuelo. Desafíos para la gobernabilidad ambiental y en materia de exigibilidad de derechos

Disertación sobre política, derechos y justicia ambiental en el conflicto del Riachuelo.

En el marco de un nuevo \»Desayuno\» organizado por el Foro de la Ingeniería en el Centro Argentino de Ingenieros, la Dra. Gabriela Merlinsky, realizó una presentación sobre la dimensión del análisis social de la circunstancia de la cuenca Matanza-Riachuelo. \»Hace varios años que comencé a investigar en el tema. Empecé a fines de la década de los `90, cuando tuve que hacer un programa para todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires y esa zona es el Riachuelo\», explicó. Y agregó, \»en ese momento lo pusimos como columna vertebral de un plan de desarrollo ambiental. Pero para mí, como socióloga, la principal sorpresa, era la negación del problema\».

CONTEXTO SOCIAL

Desde la Ciencias Sociales se habla de problemas y de problemas públicos, que son aquellos que traspasan los ámbitos privados y de las organizaciones; y se vuelven un objeto de liberación para llegar a ser institucionales. \»En esa época, el Riachuelo era un no problema. Allí fue cuando comencé a trabajar en investigación y a partir de ese momento, mis proyectos hacían referencia a temas de vulnerabilidad y riesgo social. Eran elementos claves para entender esa invisibilización\», manifestó la Dra. \»Luego, cuando fuimos entrando en el 2000, se manejaron sistemas de conflictos y empezamos a tener un cambio de época y un fuerte aumento de la conflictividad social\», afirmó.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

La construcción social y política de la cuestión ambiental de la Argentina

\»Mi trabajo más sistemático sobre el tema fue mi tesis doctoral donde realicé un estudio de dos conflictos de igual relevancia: las plantas de celulosa en el Río Uruguay y  la recomposición ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo\», alegó.
Para las Ciencias Sociales, el conflicto uruguayo era extraordinario ya que comenzó siendo un problema local y terminó convirtiéndose en trasnacional. Además, por primera vez un presidente, Néstor Kirchner, se movilizó hasta Gualeguaychú, Argentina y se interiorizó en la problemática.
En ese mismo momento, la Defensoría del Pueblo de la Nación, presentó distintos estudios sobre el Riachuelo y decidió tomar al caso como colectivo. Es decir, que transciende el interés individual, ya que el daño producido afecta a toda la comunidad. Por otra parte, existían varias denuncias y movilizaciones de organizaciones ambientales.
\»El conflicto de Gualeguaychú, fue muy activo en los periódicos y rápidamente se volvió un tema de discusión ya que tenía el triple de noticias en todos los medios\», relató Merlinsky. Y  sostuvo que \»nos preocupaba la contaminación causada por la pastera uruguaya, pero no lo que pasaba con los ríos de la Argentina\».
Entonces en el 2006, a partir del segundo informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la puesta en discusión del problema con las pasteras, la Corte Suprema de Justicia, declaró al conflicto de la cuenca Matanza-Riachuelo de \»competencia originaria\». \»Existió una oportunidad política para hacer visible la problemática. No hablo de oportunismo sino de claves políticas para lidiar procesos sociales o ambientales\», señaló.
Por otro lado, resaltó que: \»no todos los asuntos de un país, son tratados como un problema público, dada la gran cantidad que hay que tratar. Sólo algunos, son identificados como de preocupación social y algunos otros,  pasan a ser de la disputa pública. Nosotros, en Argentina, estamos en ese momento bisagra, ya que la cuestión ambiental se puso como objeto de preocupación social\». Y agregó que \»los procesos sociales llevan décadas. No podemos dar respuestas inmediatas y decir que ya se institucionalizó\».
Por otra parte, estimó que \»desde nuestra disciplina no estudiamos los conflictos solamente de manera episódica, también nos interesa entender sus efectos. Es una entrada distinta que intentamos hacer. Pensamos que los problemas pueden ser productivos. Que si uno los mira, identifica a los actores que participan y  analiza los debates que hay, se genera una productividad a mediano plazo en términos de asuntos que empiezan a ser tratados\». Y sostuvo que \»las cuestiones sociales empiezan a ser visibles, en términos también de aprendizajes\».

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA

Cambio de escenario del conflicto: judicialización de la política ambiental.

La Dra. Merlinsky ratificó que la gobernabilidad ambiental metropolitana es un punto clave en el conflicto del Riachuelo, ya que mueve y desestabiliza ciertas formas de hacer que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, dónde no hay un acuerdo de gobernabilidad compartida con los Municipios, provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.  Todos tienen competencia sobre la cuenca y deben trabajar para cumplir con el derecho a un ambiente sano. \»A partir de la intervención de la Corte, se abre una causa judicial\», afirmó. \»La Justicia les puso un plazo cortísimo (30 días) para diseñar un plan de saneamiento ambiental.  Pero no podían presentar un proyecto diferente cada uno como pasó en los últimos 100 años; sino que debía ser un plan  integrado e incorporar las responsabilidades de todas las partes\», precisó.
Y planteó que \»se hizo visible un conflicto ambiental, de escala mayor, con la participación de distintos y nuevos actores: municipios del conurbano, industrias que contaminan, la empresa de agua, distintas cámaras empresariales y vecinos que viven en la cuenca\». Aunque no todos participan de la misma manera a la hora de tomar decisiones, existen entre ellos conflictos por la apropiación de los recursos.
\»Mi hipótesis es que en Buenos Aires cambió el escenario de acuerdo a los actores y a las reglas que definen la gobernabilidad del agua. Por lo tanto, también cambió el escenario del conflicto\», aseguró. Por otra parte, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), contribuyó a que eso ocurriera. A partir de la existencia de una mayor diversidad de actores, se
complejizó el escenario donde participan e intervienen respecto de la recomposición ambiental en las rutas.
Además, en cuanto a las metas sociales y ambientales, todo se modificó a partir de los cambios climáticos. Hoy en día, cada vez menos personas, piensan que el ambiente es una cuestión exclusivamente técnica, biológica o económica. \»Los científicos ya dijeron que todos los cambios que tenemos a nivel global tienen una causa antrópica, es decir humana\», remarcó la Dra.

LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO

Datos reales

En la cuenca Matanza-Riachuelo tienen competencia los 14 municipios (Morón, Merlo, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, La Matanza, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Presidente Perón y San Vicente), la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, al ser una vía navegable, el Gobierno Nacional.
La población total de los partidos y de CABA es de 8.212.953 habitantes y según las distintas encuestas realizadas por ACUMAR, existe una población con riesgo sanitario de 2.004.245 personas. Las mismas sufren de la falta de agua y cloacas o viven cerca de basura a cielo abierto o próximos a una fuente fija de contaminación.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Nación, dice que hay 140.000 familias radicadas en villas o asentamientos no formales.

Causa estructural

En el años 2006, tras una demanda realizada por vecinos ante los tres Gobiernos de competencia en la Cuenca y las empresas contaminantes, la Corte Suprema dio una respuesta positiva declarando la causa de competencia originaria. \»Aquí ocurrió una apertura de un ámbito político judicial en el que los actores deliberan, pero también dónde el poder judicial le exige al ejecutivo el cumplimiento de un plan de acción\», subrayó Merlinsky. Y agregó, \»la Corte necesitaba desestabilizar y mover algunos de los actores\».
Al mismo tiempo que es un espacio abierto de deliberación, es un lugar dónde se definen la ejecución de una política pública y de su implementación. \»Cuando hablamos del Plan Integral de Saneamiento, existe una complejidad a dos velocidades. La que puede o no tener una causa judicial y la de la implementación de una política pública\», resaltó.
Por otro lado, la Dra. hizo hincapié en la idea del derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo, lo que genera una actualización local del mismo involucrando a toda la comunidad en su conjunto.
Según la socióloga, \»un caso estructural implica un reposicionamiento de la Corte Suprema de Justicia, la identificación de una falla sistémica de la política pública y la generación de las condiciones para el cumplimiento de la ley y la legitimación del orden jurídico ambiental\».

PARTICULARIDAD DE ESTE CASO ESTRUCTURAL: MEGA CAUSA

A partir de algunas complejidades adicionales para pensar la gobernabilidad ambiental metropolitana, se puede ver a la causa Riachuelo como una macro-sentencia.

Esto se da por la gravedad de los derechos conculcados (al ambiente sano), la cantidad de población involucrada (6 millones, escala metropolitana), por la necesidad de movilizar varias entidades estatales responsables por las fallas sistémicas (integración de políticas sectoriales-creación de nuevo organismo político para la cuenca) y por su duración (necesidad de recomponer un ecosistema versus periodicidad de los mandatos de gobierno).

Efectos institucionales: arenas políticas, políticas públicas

Con la ejecución de la sentencia e impacto en la política pública se logró institucionalizar la ACUMAR y se comenzó a coordinar las acciones sólo cuando las medidas de la justicia se volvieron perentorias (multas). Además, ocurrieron avances en la política de la Cuenca como, la inspección de industrias, inicio de obras de viviendas para la población de villas y asentamientos, instalación de Eco-puntos (gestión de residuos sólidos urbanos) y un impulso adicional a las obras de aguas y cloacas.
A pesar de los avances realizados, el conflicto continúa abierto. Todavía existen desafíos de gobernabilidad, problemas de las rutas de implementación y territorialización del problema ambiental.
\»Por un lado tenemos derechos desestabilizadores y de tensión y por el otro afrontamos una actualización local del derecho\», reiteró. \»En Argentina, en el año 2015, el derecho al ambiente sano dejó de ser un derecho de letra muerta, para volverse un asunto de preocupación social. Es un tema que está en la agenda y en el repertorio de acción colectiva de distintas organizaciones sociales\», destacó.

REFLEXIONES FINALES

Para cerrar, la Dra. expresó que \»cuando un conflicto ambiental se judicializa, los jueces deben necesariamente movilizar a otros actores, que no son parte de la causa judicial y si está en juego la intervención sobre el espacio, se produce o actualizan nuevos conflictos territoriales\». Además,  aseguró que \»en términos sociales ocurrió una apertura de debate sobre los diferentes derechos. Se realizó un reconocimiento, reparación y tensión entre los mismos\».