\»Los caminos rurales sufrieron un deterioro\»

El Ing. Fernando Luis destacó de qué modo se ve reflejado el deterioro de estas vías, y aseguró que muchos proyectos productivos fracasaron debido a la falta de un acceso. Si bien reconoció la eficiencia de los consorcios camineros, aseguró que el Estado debe ser el que se encargue, en definitiva, de la financiación de su ejecución y mantenimiento.

-¿Se produjo una optimización en los 2.200 kilómetros de caminos rurales?

Ing. Fernando Luis: No. Los caminos rurales no recibieron mejoras, al contrario; sufrieron un deterioro. Tampoco se llevó a cabo inversión, y durante el último periodo, el mantenimiento fue prácticamente nulo. La Municipalidad atravesó dificultades financieras; durante 2016 y 2017, solicitamos los números que evidencien las obras viales ejecutadas, pero no logramos obtenerlos. Este año, la situación se revirtió. El eseverrismo promovió una ordenanza que limita el uso de la tasa vial; la Municipalidad dispondrá del 65% para la construcción de caminos. Además, contará con la mitad de la recaudación de Oficina de Guías para los rurales, y el 100% de lo coparticipado del impuesto inmobiliario, que irá destinado a los provinciales. Ambos constituyen un mismo fondo.

-¿Cuál sería ese monto?

F.L.: Se estiman alrededor de $60 o $70 millones, aunque deberíamos alcanzar los $100, sumando la tasa en su totalidad y el fondo de la soja, que fue una propuesta elaborada por nuestra Sociedad Rural. Se requiere de esa diferencia de $30 para llevar a cabo nuevas obras cada año; hace mucho que esto no sucede. Sólo estamos emparchando, reparando y cambiando alcantarillas.

-¿La tasa vial comprende otros aspectos a partir de la modificación de su nombre?

F.L.:El nombre de la tasa vial fue modificado en el año 2012; actualmente, se denomina tasa por servicios generales rurales; a partir de entonces, es posible gastar el dinero en otras obras: una plaza, un centro de salud en una localidad, entre otras. Esto representa un problema. En la ordenanza de 2018, explicitaron que si bien debe ser utilizado el 65%, está prohibido exceder esa cifra. Nuestro objetivo es que en 2019 se consuma el total, y de no ser así, que se obtenga, por ejemplo, del fondo de la soja.

-¿De qué manera se ve reflejado el deterioro de los caminos rurales?

F.L.: Por ejemplo, por estos días, se produjo un debate por el acceso a Recalde, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de la ruta hacia el oeste. Allí, las vías fueron afectadas por camiones en ocasión de un remate de hacienda. Nosotros comprendemos que en esta localidad de 200 habitantes, las personas y la producción deberían contar con la posibilidad de ingresar o salir durante los 365 días del año, de manera libre, independientemente de las condiciones climáticas. Es necesario disponer de caminos consolidados. En este sentido, habría que llevar a cabo una óptima obra de entoscado, y luego, continuar manteniéndola.

A su vez, es inconcebible que Espigas, un pueblo situado a 16 kilómetros de la ruta hacia el este, y que cuenta con 400 habitantes, hoy no tenga un hormigón; es la principal localidad puramente rural de Olavarría.

-¿Su interlocutor es el Municipio?

F.L.: Sí. Sin embargo, sería excelente poder dialogar con las autoridades provinciales.

-¿Existe una solución para esta problemática?

F.L.: No. Mientras que no se legisle la obligatoriedad para las municipalidades de invertir cierto monto en infraestructura vial, los intendentes seguirán quitando inversión. Así ha venido sucediendo hasta ahora, y por tal razón, la situación es esta. En ese sentido, considero necesaria una ley provincial que obligue a las municipalidades a invertir, por ejemplo, el 3% de la facturación bruta agropecuaria del partido en la construcción de caminos. De ese modo, si Olavarría obtiene tres o cuatro mil millones de pesos en bruto, la Municipalidad debería estar obligada a invertir en el orden de los $100.000.000 o $120.000.000. Esto es, claro, sin aumentar la presión fiscal, porque es lo que ya percibe por tasa, Ley 13.010, recaudación de Oficina de Guías y fondo sojero.

-¿A partir de ese monto podrían llevarse a cabo muchas obras?

F.L.: Exactamente. Con $70 millones es posible llevar a cabo un buen mantenimiento, y con el saldo, $30 o $40 millones, teniendo en cuenta que el kilómetro de entoscado costaba $300.000; probablemente, hoy haya incrementado a $500.000, por lo cual, $30 millones equivalen a la construcción de 60 de entoscado o a 20 de hormigón de una mano tal vez; y esto debería realizarse todos los años.

-¿Existen consorcios camineros para llevar a cabo mantenimientos?

F.L.: No, el mantenimiento es municipal y, en general, está tercerizado; se licitan las zonas y, luego, trabajan otras empresas. La Municipalidad cometió el error de volver a comprar maquinarias. No ha sido la Municipalidad, en otras épocas, eficiente para gestionarlas; así lo reconoció el Ing. Helios Eseverri.

-¿Considera que la Sociedad Rural debería contar con un consorcio caminero?

F.L.: Es una cuestión que se debatió en más de una oportunidad. Creo que el Estado debe ser el que se encargue. Sin embargo, comprendo que en Tandil y Benito Juárez, la creación de un consorcio representó la solución; se trata de una ordenanza que impone que el Municipio debe otorgarles el 70% de la recaudación, y ellos se encargan de manejar ese porcentaje. Además, la Municipalidad, en Tandil, entrega a la cooperativa de caminos, parte del fondo de la soja.

-¿De qué manera trabajan para obtener estadísticas que indiquen el monto invertido en obras?

F.L.: Nosotros nos reunimos periódicamente con la Municipalidad; se congregan los distintos actores del sector agropecuario, cooperativas, profesionales del área, etc. Este año, se estableció una serie de encuentros a fin de exponer los números y transparentar la gestión. Eso se ha mejorado respecto de los años 2016 y 2017. Sin embargo, aun deben optimizarse las labores de campo; al ser escasa la inspección y certificación de obra, por ejemplo, se desparrama tierra sobre el entoscado o hay bacheos con material inadecuado. Es sumamente importante que las municipalidades estén obligadas a rendir cuentas de manera anual, a la provincia; explicar cuánto se invirtió, y qué relación tiene ese monto con lo producido en el partido. Es necesario conocer cuál es su facturación.  Hoy, no contamos con esas estadísticas.

-¿Su presidencia en la Sociedad Rural comprende Olavarría y otras zonas?

F.L.: Solamente Olavarría. Cada partido dispone de su Sociedad Rural.

-¿Cuánta gente hay involucrada en la Sociedad Rural?

F.L.: Contamos con alrededor de 400 socios, aunque algunos se involucran más que otros.

-¿Cuál es el número de ganado con el que cuentan?

F.L.: Nuestro distrito es el primero o segundo con mayor cantidad de haciendas de la Provincia de Buenos Aires, disputándose el puesto con Ayacucho; cuenta con alrededor de 800.000 cabezas. Para evidenciar la magnitud, Olavarría sola, tiene más ganado vacuno que muchas provincias completas.