Activos de infraestructura vs pasivos

NOTA DE OPINIÓN
Por el Ing. Hernando Arias

En un ambiente fortuito de bajas tasas de interés de parte de la Reserva Federal y extraordinaria liquidez a nivel mundial, continuando con la reforma financiera de la dictadura, se dio vida al ilusorio ciclo de la convertibilidad; marco en el cual se produjo un ambicioso plan de venta de activos estratégicos del Estado. Con la desregulación económica y financiera de los 90´, el proceso de privatizaciones sería la parte saliente del desarrollo de un modelo dual de acumulación, el cual tendría por un lado un sector de alta rentabilidad, liderado por el mercado financiero, las privatizadas y los capitales dominantes del sector externo y, por otro lado, relegado a los mismos, la producción interna y los trabajadores.
En un contexto de fuerte restricción interna y externa, los servicios públicos privatizados, funcionaron con mercados cautivos y elevadas tarifas. Paralelamente, el fuerte ajuste del Estado y la libertad de movimiento del capital local y foráneo, favoreció a una fuerte concentración y centralización del capital. Obviamente, la alta tasa de interés asociada al atraso cambiario, dejaron el país en una situación de crisis y persistente estancamiento, sin que hasta hoy se den las verdaderas propuestas de cambio que necesita la actividad económica. Sin embargo, el sector de servicios asociado principalmente a las privatizadas y el sector agroexportador, virtualmente “dolarizado” (seguro de cambio de por medio), quedaría claramente diferenciado del resto de la economía (pesificada).
Desde aquel entonces, sin cambios significativos, ni una perspectiva a largo plazo, Argentina siguió marcada por un modelo dual y asimétrico de acumulación signado por un profundo déficit fiscal de corte estructural y una economía caracterizada por la volatilidad de la oferta del sector transable, que marcaría el carácter pro-cíclico de sus recursos tributarios. Dada la ausencia del Estado planificador a largo plazo y un gasto público inconsistente con la economía, la falta de inversión en un área clave como es la infraestructura de transporte, complicaría aún más la capacidad productiva y económica del país.
No hay una visión a largo plazo, solo se perciben políticas de corte monetaristas tendientes a atenuar el descontento social y los problemas pro-cíclicos de la economía. Los activos de infraestructura, en su mayoría privatizados, desde su adjudicación no se han modernizado, ni cumplen su rol estratégico; al contrario, los efectos macroeconómicos de las privatizaciones son fuertemente regresivos.
Si nos comparamos con los países desarrollados, vemos que las buenas carreteras y vías férreas son la diferencia más notable, y no es porque no pudimos hacer lo mismo, simplemente es porque no lo hicimos. Podemos ver cómo Estados Unidos desarrolló su red estatal de carreteras, donde por cada dólar invertido desde su inicio, los estudios muestran un crecimiento de seis dólares del PIB. En ese sentido, la Figura N° 1 nos muestra cómo a partir de las reformas económicas de los 70´ los avances de China fueron aún más espectaculares, superando incluso a Estados Unidos.
Obviamente, construir un mecanismo diversificado de inversión en infraestructura no es fácil, incluso contemplar en los presupuestos, más aún si es fuerte la presión por reducir los impuestos, aumentar el gasto fiscal y contener el déficit (la «trinidad fiscal imposible»); sin embargo, para China pareciera que estos paradigmas no son válidos, y no le ha ido mal, al contrario. Durante las últimas tres décadas, se ha desarrollado espectacularmente rápido. Según el Banco Mundial, de 1979 a 2010, China promedió una tasa de crecimiento del PIB anual del 9,9% y el tamaño de su economía se multiplicó por veinte. China fue el país de mayor desarrollo de infraestructura del mundo con un porcentaje muy superior a Estados Unidos y sus pares occidentales.
En promedio, los países europeos gastan el equivalente al 5 por ciento del PIB en la construcción y mantenimiento de su infraestructura, mientras que Estados Unidos gasta el 2,4 por ciento. El gasto en infraestructura de China promedia aproximadamente el 8 por ciento de su PIB , y se espera que esa cantidad aumente con los ambiciosos planes de recuperación del coronavirus del país. Al mismo tiempo, lleva adelante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, programada para aumentar la influencia económica del país en Asia.
Si hay algo que distingue a China en materia de desarrollo de toda economía, es la cuestión monetaria. La conformación de la base monetaria y el crédito bancario, en gran parte está impulsada por los requerimientos de fondos de las firmas para producir y desarrollar infraestructura. Pero, al mismo tiempo, el gobierno, ejerce un manejo la matriz de oferta de dinero, y la cuantía de los flujos de recursos, de igual manera que lo hace con la tasa de interés o con otros instrumentos.
La ecuación es simple, sólo que, en China, a diferencia de otros países capitalistas, la oferta de crédito a largo plazo en la economía está en gran parte en manos del Estado, que controla el banco central de China — el Banco Popular de China (PBOC) — y los grandes bancos estatales. Los mercados de valores están creciendo, pero aún juegan un papel marginal menor en el suministro de crédito a empresas y hogares. Paralelamente, las empresas estatales siguen siendo los principales actores de la economía pues representan una gran parte del capital productivo y logístico de China, aportan al fisco y capturan la gran mayoría de las inversiones en el sistema empresarial. Aunque las empresas estatales han acumulado una deuda cada vez más elevada durante la última década, sin embargo, pareciera que para el gobierno esto no es motivo de preocupación.
Nuestro país, carece de programas de crecimiento; sin resolver los problemas de fondo, la receta simplista de generar demanda recurriendo a la emisión, sin su contrapartida correspondiente en materia de oferta agregada, siempre da el mismo resultado: inflación y decadencia. En su modelo dual, la logística del Estado se desvió de su función social y productiva, pues no se dan los precios de eficiencia que demanda el país, solo se mantiene la rentabilidad de los activos de las privatizadas y los intermediarios financieros. En la vereda de enfrente, los problemas de restricción interna y las ineficiencias logísticas, sumada a la alta tasa de interés bancaria genera una situación insostenible. Una tasa de interés alta deja poco margen de maniobra, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
El crédito asequible es elemento sustancial para las empresas, es componente operativo vital del capital variable en el proceso de circulación-valorización. Pero, además, la política financiera debe estar en consonancia con los factores logísticos de las empresas y los trabajadores. Paralelamente, la estructura de precios relativos debe ser funcional a la producción y el desarrollo económico del país. En ese contexto, el Estado, fijando estrategias a corto, mediano y largo plazo, es el único garante de la inversión, especialmente en un horizonte a largo plazo.
La teoría monetaria moderna (TMM) define cada transacción entre el sector público y el sector no público con el término «transacción vertical». Así con una sinergia entre lo público y lo privado, la correcta asignación del gasto debería generar una simbiosis de transacciones reflejada en la cadena de valor global, funcional a la actividad económica en su conjunto. A partir de una visión totalizante, entiendo que el gasto público requiere una revisión taxonómica y axiológica. Así, una renovada política económica debería determinar una adecuada estructuración de la matriz de recursos. Obviamente, dentro del sector público, la matriz taxonómica y su derivación axiológica tiene al Banco Central y el Tesoro como su punto de partida, lo que implica que la política monetaria no es neutral, sino que debería ser “administrada” en un esquema de apoyo a la producción y el empleo, facilitando con una reproducción de infraestructura adecuada la demanda de consumo, “esterilizando” los procesos productivos de la especulación, mientras que, paralelamente se debe regular el sector no público, o no gubernamental que comprende todos los particulares y las entidades privadas, incluyendo el sistema de bancos comerciales, empresas y el sector exterior, es decir, los compradores y vendedores extranjeros.
Ahora bien, de acuerdo con la TMM, un superávit fiscal no siempre es una buena señal, pues una economía mal estructurada podría derivarse en una sangría de recursos del resto de la economía, mientras que un déficit público, orientado por una correcta asignación, se constituye con una adecuada inyección de dinero a la economía, que permite a los otros sectores producir, contribuir y ahorrar. Por ejemplo, la emisión de bonos del tesoro con el fin de destinarlo a las carreteras, le provee al público un activo macroeconómico real: la carretera; recurso por el cual se favorece globalmente a la circulación del capital y el empleo, el cual, a pesar de generar un pasivo, por los intereses que se aporta, su coste se verá minimizado por el lado del beneficio colectivo, vía tributos, pues con los incentivos agregados a la formación bruta de capital, incrementará con creces un flujo futuro de ingresos. Como mercado de bonos más desarrollado del mundo, este medio de financiamiento es muy utilizado en los Estados Unidos para la construcción de infraestructura, también lo hace China. Los gobiernos estatales los utilizan, incluso los municipales, los cuales se pueden basar en la exención de impuestos.
Contraponiéndonos a aquellos predicadores del “ajuste”, esto nos muestra que, cuando una economía gasta en infraestructura con verdaderos criterios de rentabilidad social, acompañando a la producción y el consumo, los déficit presupuestarios, cuando se saldan con la emisión, si ésta es destinada a aumentar los activos que potencian el capital productivo y su valorización a través de la inversión en capital circulante, el dinero se ve respaldado con riqueza real, pues la emisión se determina en forma endógena al valor agregado. Su cuantía emitida en términos de agregado monetario es equivalente a cada agregado productivo cristalizado en bienes y servicios transables, como también de activos financieros netos aportados al sector privado.
A modo comparativo, la Figura N° 1 nos muestra claramente una de las diferencias más trascendentes, y parte de la cuestión monetaria. China, no solo está desarrollando infraestructura en gran escala, sino que está concediendo abundante crédito a las empresas. Así, su emisión monetaria es respaldada ampliamente por la producción transable, pero a su vez la infraestructura y superestructura económica aporta capacidad logística y de distribución. Paralelamente sus exportaciones les permiten acumular un importante volumen de reservas.

Debemos entender que, si el superávit presupuestario se reproduce como producto de la recaudación tributaria, sin el avituallamiento adecuado a las empresas, se estaría eliminando activos financieros del sector privado, de manera que hay que compensar con emisión el costo del capital, o de lo contrario éste se vería restringido.
Cuando el Estado invierte en infraestructura, con una matriz de asignación de recursos que avitualle el capital productivo y comercial, incluyendo el sector externo estaría potenciando los activos privados, por lo tanto, aumenta la producción intermedia y el consumo (interior y exterior), también el nivel de empleo.
Hay que destacar que los bancos comerciales no pueden crear activos financieros sin crear un pasivo correspondiente, ya que sólo el sector público – en particular, el banco central – es capaz de hacer esto. De allí la importancia del gasto en infraestructura: a mayor gasto soberano, menos endeudamiento externo. En ese sentido, la TMM sugiere que es natural una situación de déficits presupuestarios persistentes con el fin de lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Recordemos que la base monetaria constituye un pasivo monetario del banco central y no es remunerado. Es el dinero de alta potencia que el banco central emite como contraprestación de los bienes y servicios que produce el país, y, en ese sentido, la valorización del capital invertido en la producción, se potencia a través del valor agregado, paralelamente el servicio de los bancos hace que ese dinero se multiplicara en valor, vía la creación secundaria de dinero.
Ahora bien, la magnitud de los activos financieros destinados a infraestructura deben estar a la altura de las demandas de la formación de activos que impulsan la producción transable y su reproducción en el espacio territorial; de lo contrario no podrán satisfacer su desarrollo eficiente. Por eso es importante la intervención a través del gasto del Estado (sin intermediarios), tal como lo está demostrando China. Nuestro país está prestando un escasísimo 12 por ciento del PIB, mientras que China, brinda créditos que rondan el 300 por ciento del PIB; además, con un cargado porcentaje de ayuda estatal apalanca el capital productivo de las empresas, superando incluso a Estados Unidos (164 por ciento del PIB). Al no invertir en infraestructura, la Argentina tiene una enorme cuantía en materia de volumen de activos productivos y capital circulante paralizados, lo cual se deriva en un déficit estructural insoportable.
Está muy claro que un gasto vigoroso en infraestructura, especialmente en carreteras no es malo para la economía, al contrario, en forma inmediata genera puestos de trabajo en blanco y poco cualificados en relación a otros rubros, además, tiene múltiples canales por los cuales afecta positivamente la economía, incluso la calidad de vida de los ciudadanos. Su impacto en la creación de empleo es especialmente relevante debido a su vinculación con los objetivos de política de creación de actividad económica local y regional. A través de una mayor conectividad, se facilita el incremento de ingreso de las poblaciones vulnerables y se reduce la desigualdad.
En los últimos 30 años, China ha experimentado un crecimiento récord y ha conseguido sacar de la pobreza a 500 millones de personas. La reforma ha desencadenado un crecimiento económico, desplazando a la población del sector agrícola a sectores más eficientes. La realización de obra pública ha creado un entorno favorable para el rápido crecimiento económico, y con abundante generación de empleo. En ese contexto, China acumula muchos bonos de infraestructura, pero con abundantes créditos a las empresas para producir competitivamente.
Ante la excesiva acumulación de los pasivos remunerados de nuestro Banco Central con el fin de “esterilizar”, entiendo que el problema no es del financiamiento del tesoro con emisión, sino la crisis estructural de la economía y destino especulativo que se da a la misma, con el agravante de que el stock de pasivos remunerados, hoy supera los cuatro billones de pesos (el 144% de la base monetaria).
A mi juicio, recomponer nuestros activos de infraestructura sería la mejor manera de empezar a “esterilizar nuestra economía”, pues un gasto en infraestructura carretera hace eficiente la estructura de transacciones verticales público-privada, interconecta los espacios productivos, potencia las cadenas de suministro y acorta los tiempos de circulación del capital, beneficiando la renta per cápita. “Empujar el carro financiero”, solo de pasivos remunerados, nos cuesta más de 100.000 millones de pesos mensuales, unos 1000 km de rutas que dejan de construirse y la enorme producción y empleo que dejamos de generar.
Argentina necesita cambiar el rumbo, la propuesta es simple: reemplazar los pasivos remunerados por los activos de infraestructura que el país necesita.