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“Buscamos posicionar la problemática de la seguridad vial a nivel nacional”

Tras un año de intenso trabajo como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Sr. Carlos Alberto Pérez, manifestó los avances alcanzados durante su gestión y resaltó la importancia de posicionar a nivel nacional la problemática de la seguridad vial. Además, subrayó los resultados obtenidos en relación al nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir.
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EDITORIAL

Desde el comienzo de su gestión como director ejecutivo en la ANSV, el Sr. Carlos Alberto Pérez, expresó sus deseos de mejorar el funcionamiento integral del organismo para lograr un sistema más eficiente, ágil y confiable. Hoy, tras casi más de un año de arduo trabajo, la Agencia ha recuperado su posicionamiento en todo el país y ofrece un sistema que es reconocido por su efectividad y que va ganando terreno en la gran mayoría de las provincias argentinas. En un nuevo encuentro con Revista Vial, el Sr. Carlos Pérez relató las nuevas actividades y objetivos que la Agencia está llevando a cabo y los resultados que se esperan concretar a corto plazo.

¿Cuál es la situación actual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial?
Sr. Carlos Pérez: Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para posicionar la problemática de la seguridad vial a nivel nacional y lo cierto es que, estamos encontrando bastante eco en las provincias. Era una temática que estaba dormida. Comenzamos a llevar nuestros equipos a las provincias para dar respuesta por parte del Estado sobre la problemática. Lo que nos falta lograr es que la sociedad empiece a entender cuál es el problema porque lo que no estamos viendo es la respuesta del ciudadano común en lo que refiere al respeto a las normas. Creo que no tenemos una educación social de respeto de las normas en general. Particularmente, pareciera que las más vulnerables y las que menos daño representan son las normas de tránsito. Pareciera que nada pasa si uno no respeta la prioridad del peatón, el semáforo o las velocidades máximas. Pareciera que no tiene costo social ni económico para el que infringe la norma. Tenemos que trabajar en el cambio de la conducta social y eso es más complejo. Lo importante es que tenemos el diagnóstico y empezamos a ver cómo podemos resolver las cosas. Lo que vimos es que estaba un poco disociado el interior del país de la provincia de Buenos Aires. Por eso, sacamos los equipos allí. Trabajamos mucho en posicionar la Licencia Nacional de Conducir en las jurisdicciones que no tenían.

¿Con qué equipos cuenta la ANSV?
C.P.: Tenemos cuatro áreas de gestión bien definidas dentro de la Agencia. Una que trabaja en todo lo que es la Licencia Única Nacional, cuyo objetivo es que todo el país tenga un mismo régimen de exigencia en el momento de la obtención de la misma.
Después, tenemos el área dedicada al Observatorio Vial. Se trata de la dirección que tiene la responsabilidad de conectar todos los datos, toda la información posible sobre los incidentes que ocurren en el país, y a partir de ahí, una vez que se hace el análisis de toda esa información, poder tomar decisiones que sean efectivas a la hora de encarar el problema de la seguridad vial. También tenemos el área de Control y Fiscalización que exige mucha coordinación. La Agencia de Tránsito no tiene un cuerpo de agentes con la autonomía como para controlar todo el país. Por este motivo, nosotros tenemos muchos acuerdos con policías provinciales y con Gendarmería Nacional para el control de las rutas. Nuestra responsabilidad es sobre las rutas nacionales, pero como la problemática de la seguridad vial excede a las rutas, también trabajamos mucho en las ciudades y municipios para colaborar con los planes de seguridad o incentivando la confección de los mismos. Esa articulación entre la Agencia y el interior del país no estaba aceitada. Lo que estamos intentando es que se fijen políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo. Nuestra apertura hacia el interior tiene que ver con hacer más federal la seguridad vial. Por último, la cuarta área de la Agencia es la que se encarga de las campañas de formación.

Desde que comenzó su gestión, ¿qué campañas realizaron?
C.P.: En junio del año pasado empezamos una campaña federal de concientización a lo largo de toda las Rutas Nacionales 34 y 9 que comprendió desde Jujuy hasta la provincia de Buenos Aires. Tomamos contacto con todos los municipios que estaban próximos a esas rutas. Organizamos eventos que tenían que ver con capacitación a los docentes, a los agentes de tránsito, dábamos charlas de concientización, íbamos a los colegios secundarios a hablar sobre alcoholemia. Instalamos nuestro camión en lugares centrales de los municipios y trabajamos entre 10 a 15 días en cada uno de ellos. También, incorporamos a una artista plástica, María Baylac, quien se sumaba pintando murales. En los pueblos nos asignaban un espacio donde podía pintar y además, los más chicos también participaban por ejemplo, pintando sus cascos de bicicleta.
Para este año, esperamos hacer la misma campaña de concientización. En cuanto tengamos las licitaciones de tres camiones vamos a hacer lo mismo en la región de Cuyo y en la Mesopotamia.

¿Cómo miden los resultados luego de una campaña de concientización?
C.P.: Luego de la campaña mandamos a nuestros equipos para que realicen un relevamiento sobre los efectos y evalúen los resultados. Durante el verano también realizamos una campaña en la que estuvimos en todos los puntos turísticos del país. Además, se realizó el control y la fiscalización que siempre se hace durante el verano y este año, por primera vez, fue completamente federal y no solo en la costa como solía ocurrir. Realmente fue una campaña donde nos fue muy bien y que nos permitió incrementar las actividades para toda la familia de forma gratuita. Una de ellas era un simulador de manejo similar al juego Daytona pero en lugar de ir rápido para ganar una carrera, lo que tenían que hacer es respetar las normas. Organizamos estas cosas en cooperación con los municipios y notamos que se empezó a generar un vínculo más estrecho entre la función pública y la seguridad vial.

¿Cuál es el estado de las Licencias Nacionales de Conducir?
C.P.: Cuando comencé la gestión teníamos el 76% de las emisiones de licencias de conducir. Ahora estamos en 84%. En este tema también avanzamos muchísimo. Aunque parezca poco sabemos que ese 16% que nos falta nos va a costar mucho. El 84% lo logramos en base a 700 municipios de los 2400 que existen en el país. Nos faltan aproximadamente 1700 muy chicos. Lo que buscamos es que cada uno tenga su propia emisión de licencias pero que se impriman en un centro de cabecera no muy lejano y que estén disponibles para retirar al día siguiente. Logramos que Córdoba que no estaba adherida al sistema, se sumara y establecimos 15 o 16 centros de emisión de licencia en la ciudad capital. En Mendoza, le cambiamos todo el sistema de licencias que antes manejaba la policía. Pasó a ser la primera provincia que tiene completamente la emisión de la Licencia Nacional en todos sus municipios. También, lo que estamos haciendo es cambiarle las exigencias de toda la parte teórica. Estamos siendo un poco más exigentes, con mayor cantidad de preguntas para que puedan aprobar el examen. Estamos poniendo todos los recursos para que las personas que tienen que sacar sus licencias por primera vez puedan hacer los cursos online, lo cual nos exige una buena logística y coordinación de todo.

¿Cómo está trabajando la Agencia para lograr unificar la emisión de licencias en todo el país?
C.P.: Lo que hicimos primero fue ir a los municipios chicos que están próximos a las grandes ciudades que tienen los centros de emisión. Buscamos que todos tengas las mismas exigencias, para evitar que concurran a una localidad pequeña a sacar su registro sin siquiera tener domicilio allí. Había municipios donde tenían mayor cantidad de licencias emitidas que habitantes. Y detectamos entre 16 y 17 municipios que tienen algunos problemas de papeles y estamos yendo a trabajar con ellos. Luego, vamos a completar a las provincias que menos les falta, y después vamos a ir por las más complicadas. Córdoba es una provincia complicada en relación a este tema porque tiene 427 municipios, es una cantidad enorme y cada uno tiene su autoridad.

¿Cómo relevan la información de todo el país?
C.P.: Antes se recolectaba la información a través de un formulario en papel. Ahora implementamos un sistema online. Se trata de un sistema georeferenciado. En este momento, cuatro provincias ya están cargando los datos con ese sistema. De manera directa podemos ver lo que están cargando en simultáneo. Cada provincia puede manejar sus propias estadísticas y pueden ir viendo los resultados. Hoy, tenemos 14 provincias que han firmado el convenio con la creación de los observatorios locales. Nuestro trabajo consistió en incentivar la creación de esos observatorios con gente técnicamente idónea para el manejo de los mismos. Este año esperamos llegar a todo el país con este sistema.

¿Qué beneficios trae la utilización del mismo?
C.P.: Este sistema te permite tener más información y detalles del accidente de tránsito: cuáles eran las condiciones del tiempo, en qué punto exacto georeferenciado ocurrió el incidente, qué tipo de vehículos lo protagonizaron, el estado de la ruta, horario exacto en que sucedió, si el conductor estaba alcoholizado o no, qué porcentaje de alcohol en sangre tenía. Cuando nos llega esta información, comprendemos que en ese tramo de la ruta, ya han sucedido 3 o 4 incidentes y que entonces estamos ante un problema. Hacemos el análisis correspondiente, vemos la información de fondo de todos los incidentes y vamos con un equipo para ver qué ocurre en el lugar y vemos qué tipo de respuesta se le puede dar para que eso deje de suceder.
Los datos que estamos teniendo ahora solo refieren a heridos y muertos. Pero pretendemos tener dentro del sistema, todos los incidentes de tránsito; no sólo los que dejaron heridos sino también en los que hubo solamente daños materiales. Para lo cual, vamos a sumar a las compañías de seguro, las fiscalías y al sistema de salud. Así, por un mismo incidente vamos a tener datos aportados por distintas fuentes de información que el mismo sistema cruza.

¿Cómo se resuelve la falta de denuncias de incidentes de tránsito?
C.P.: Sabemos que muchos accidentes no se denuncian, entonces estamos avanzando hacia una aplicación telefónica ciudadana. La idea es que todo aquel que sufre un incidente sin heridos y solamente con consecuencias de chapa pueda cargar en su teléfono cuatro o cinco datos. Necesitamos saber todo lo que pasa. La aplicación del teléfono va a ser de ayuda. Esto implica todo un tema de concientización ciudadana. Debemos tomar conciencia que el aporte de ese dato beneficiará la seguridad de las familias y de los vecinos. Es una cuestión de conciencia. El beneficio que se va a recibir es que estaremos más protegidos. El Estado va a poder conocer el problema para poder aplicar alguna solución. Creemos que, en ese sentido, vamos a tener la colaboración de los ciudadanos. En la actualidad, son las comisiones del observatorio las que van a las provincias y capacitan sobre el sistema. Durante el verano ya capacitamos a cuatro provincias y para fines de abril deberíamos estar terminando con 11 más. Calculamos que los verdaderos datos de calidad no los vamos a tener este año porque tuvimos el remanente del sistema anterior. Existen muchos subregistros que nos generan dudas sobre las cifras que se obtuvieron. La cantidad de  heridos y muertos en accidentes de tránsito no varió mucho entre el 2015 y el 2016. Una vez que el sistema esté bien implementado y podamos tener mucho mayor caudal de información, se va a evidenciar una diferencia. Así se podrá ver qué provincia informó y cuáles no. El registro de 2015 es de 4600 muertos y el del año pasado es 5200. Sin embargo, hay provincias que no informaron sus registros y una de ellas es Buenos Aires. Una provincia muy grande que posee el 40% de la población del país.
¿Cuáles fueron los registros de accidentes en Buenos Aires en 2016?
C.P.: La provincia de Buenos Aires nos ha informado 600 muertos el año pasado. Pero si comparamos con Santa Fe, que ha registrado 700 y que a lo largo de la misma atraviesa todas rutas nacionales y tiene el tránsito que viene del norte del país, las cifras resultan dudosas. Buenos Aires recibe tránsito de todas partes del país, tiene las terminales portuarias y la mayor cantidad de transporte de carga y de pasajeros. Por eso no nos suena lógico. Santa fe se ve perjudicada porque ellos hacen muy buena conexión de datos, análisis de la información y realmente saben qué pasa.  Además, hacen el seguimiento de los 30 días posteriores de las personas para conocer si se recuperaron o si debemos registrar el fallecimiento. No todas las provincias hacen eso. La mayoría hace el recuento de lo que sucede y listo. Después, si esas personas fueron internadas y fallecieron no entraron dentro de las estadísticas. Nos pasa que muchos de los que mueren por accidentes de tránsito terminan en las estadísticas como un paro cardiorespiratorio dentro de un hospital. No se asocia a ese fallecido con el incidente de tránsito que es el que realmente provocó la internación de esa persona.

¿Cómo manejan los diferentes sistemas que existen en el país para el registro de la información?
C.P.: Es complejo, son 24 provincias que tienen sus sistemas autónomos de la salud. Tenemos que ir provincia por provincia para brindarles recursos para realizar los registros. Nuestra tarea es apoyarlos, capacitar a la gente, darle los recursos a los hospitales o centros de salud que reciben los incidentes de tránsito.
El sistema que estamos tratando de llevar a todo el país ya está funcionando, pero lo iremos completando porque tiene varias etapas. La principal era capacitar a la policía, a los que tienen la responsabilidad; luego iremos a los centros de salud. También, estamos trabajando con la superintendencia de seguros porque ellos reciben información de las distintas compañías. La información que nos interesa es la cantidad de autos que participaron del accidente, cuántos murieron, qué tipo de autos fueron, cómo estaban las condiciones del tiempo y de la ruta, si el conductor estaba alcoholizado o no; porque lo que nos interesa es estudiar el incidente de tránsito, no quien tuvo la responsabilidad. El resto de la información es tema de la justicia para que determinen las responsabilidades penales y demás.

¿La Agencia maneja algún tipo de relación con las empresas productoras de bebidas alcohólicas?
C.P.: Junto con el Ministerio de Transporte nos acercamos a las empresas. Hay mucha colaboración por parte de las mismas. Buscamos que en sus campañas comerciales apunten a concientizar sobre el no consumo de alcohol si se va a conducir un vehículo. Buscamos que puedan dejar un mensaje de responsabilidad sobre la seguridad vial. En muchos casos, apelamos a la responsabilidad social de las empresas y apuntamos a que en sus grandes eventos también podamos hacer campañas publicitarias sobre seguridad vial en conjunto.

¿Cómo manejan actualmente los controles viales?
C.P.: Estamos trabajando en conjunto con la CNRT dado que ellos tienen delegaciones en todo el país, pero no cuentan con mucha gente. Desde el 15 de marzo estamos capacitando a nuevos agentes. Para esto, creamos el Instituto de Formación Vial y el curso de agentes para fiscalización. Para no sacar a todos los que están actualmente en la ruta, lo que hacemos es capacitarlos por tercios. De esta manera, obtienen una formación más completa, no solamente para controlar a los vehículos particulares sino también para carga y pasajeros.

Desde que comenzó su gestión, ¿se lograron mejoras en relación a la infraestructura de las rutas?
C.P.: Se está trabajando mucho en infraestructura vial. A muchas rutas se las está transformando en autopistas, otras se están repavimentando. También se está trabajando el concepto de rutas seguras, lo que tiene que ver con el tercer carril, banquina o carril de sobrepaso. Con relación a la infraestructura del automotor, estamos trabajando bastante bien. Sumamos cada vez más exigencias para que los vehículos que se fabriquen tengan mayores medidas de seguridad. A partir de 2018 los vehículos nuevos tienen que venir con el control de estabilidad que es fundamental para conducir en la ruta y sobre todo cuando hay lluvia y viento. Tenemos mucho trabajo en conjunto con comercio e industria y también con las automotrices.

¿Cómo manejan las diferentes verificaciones técnicas vehiculares que existen en nuestro país?  
C.P.: Tenemos un problema importante con respecto a eso, porque cuando sale la ley nacional, encontramos que algunos municipios manejan su propia autonomía. A veces hacen acuerdos con algunos talleres para que lleven adelante la verificación técnica. Nosotros como Agencia tenemos la responsabilidad de establecer el sistema a nivel nacional. Vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Transporte de la Nación para que los talleres que hoy están controlando transporte de cargas y pasajeros, también puedan controlar a particulares en las jurisdicciones donde no hay talleres habilitados. Estos talleres son auditados hasta dos veces por semana, para corroborar que el ingeniero esté presente, que las máquinas estén funcionando y que se hagan todos los controles. Cuando comenzamos la gestión había 11 talleres en el país, nosotros inhabilitamos dos porque no reunían todas las condiciones. A los 9 restantes les estamos haciendo el control y fiscalización de funcionamiento desde la Agencia y buscamos que en cada uno se firme un convenio para que también se hagan las revisiones técnicas vehiculares con habilitación nacional.
Hoy, la verificación que se hace en un municipio solo sirve para circular dentro del mismo. Aquellos que circulan a nivel nacional tienen que tener la oblea nacional. Lo que nosotros estamos tratando es de unificar todos esos talleres que ya están funcionando para que sean habilitados por la Agencia y que puedan otorgar una sola oblea que los habilite para toda la nación.

¿El nuevo Gobierno Nacional trajo cambios para la Agencia?
C.P.: El cambio de gestión trajo aire fresco a la Agencia. Nosotros no despedimos a nadie. Trabajamos con la mayoría de la gente que ya estaba. La verdad que hay muy buena calidad técnica y humana que nos facilitó para avanzar rápidamente con nuestro trabajo.

FORMOSA: UN CASO DE ÉXITO

¿Cómo lograron relacionarse con la provincia de Formosa?  
C.P.: Formosa no tenía ningún tipo de relación con la Agencia y contaba con su propio centro de emisión de licencias. Comenzamos a realizar campañas con ellos y ahora estamos trabajando muy bien con su ciudad capital. Particularmente me sorprende el tema de las motos. Todos respetan el uso de casco. Esto es a raíz de que el municipio tiene un convenio con la Policía para que controle. La gente respeta mucho más a la autoridad policial que al agente de tránsito. Ahora, están intentando cambiar esa lógica y buscan tener un cuerpo profesional de agentes. De hecho, vendrán a Buenos Aires para recibir capacitación con nosotros para poder conformar un buen equipo de agentes y poder reemplazar a las autoridades policiales. La idea es que la policía siga trabajando en la seguridad y el delito común y que los agentes puedan ocuparse del ordenamiento del tránsito.

¿Cómo se resolvió el problema de las demoras del transporte público en esa provincia?
C.P.: En los últimos años, la ciudad de Formosa creció mucho hacia la periferia. Hace mucho tiempo que tenían concesionado el transporte público y lo manejaban las mismas empresas con una cantidad de vehículos establecida. Entonces, con el crecimiento de la ciudad y ante el inconveniente de no poder agregar más vehículos, el recorrido se extendía cada vez más. Por lo tanto, la frecuencia con la que pasaba el colectivo era cada vez más amplia. En Formosa no podes permitir que una persona espere el transporte 20 minutos bajo 45° grados de temperatura. Es poco probable que elija al transporte público. Así, la mayoría de las personas pasó a utilizar motos. Las autoridades municipales que asumieron en el 2015 empezaron a ver cómo podían solucionar ese problema. No había otra opción que no fuera acortándoles el recorrido a estas líneas y sumar más colectivos. El tema fue que sumar más unidades estaba directamente relacionado al subsidio que Nación otorgaba para gasoil. El gobierno nacional estaba tratando de achicar los subsidios, y Formosa pretendía pedir más.  Entonces, ante esto optaron por licitar todo de nuevo y aquellas líneas que hacían recorrido largos pasaron a ser más cortos y van a sumar nuevas líneas con recorridos cortos para que tengan mayor frecuencia sin representar un gasto mayor de Gasoil. Nos solicitaron nuestra colaboración y nosotros fuimos a hablar con la Secretaría de Transporte y los contactamos con el Ministerio de Transporte. Está claro que el municipio de la ciudad de Formosa está trabajando muy bien y se están ocupando en mejorarle la calidad de vida a la gente. Al contactarse con nosotros significó una muestra de que consideran a la Agencia para obtener soluciones. Entendemos que no siempre las tenemos, pero si ofrecemos toda la voluntad de colaborar.