Resumen de la situación actual del sector de la la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires
La piedra es la segunda materia prima más consumida por el ser humano. Cuidarla y saber administrarla es también nuestra misión y responsabilidad.
Ese es uno de los objetivos de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires: “Defender los intereses industriales mineros comunes de sus asociados”. Además, fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la industria de la piedra, orientando sus acciones hacia una mayor productividad y bienestar social; gestionar y auspiciar ante autoridades públicas e instituciones privadas toda medida, acto o resolución que implique una mejora técnica o económica para las actividades de sus asociados; asesorar y colaborar con los poderes públicos en todos los temas relacionados con la industria de la piedra, representando y sosteniendo los derechos e intereses comunes de los asociados; integrar federaciones y cooperar con otras asociaciones o entidades que persigan fines similares; asesorar a los asociados en los distintos aspectos de su actividad y velar por que las relaciones entre ellos se desarrollen dentro de la mayor armonía y respeto mutuo; estudiar y proponer soluciones a los problemas técnicos, económicos y sociales que afectan a la industria; proveer un espacio de encuentro para el tratamiento de temas comunes y facilitar información técnica y legal necesaria; y designar delegados a las comisiones paritarias para la discusión de convenios laborales.
Situación actual del Sector
Actualmente, la demanda se encuentra en torno al 35% de la capacidad instalada en la Provincia. Esta baja en la actividad ha llevado a varias canteras a reducir personal o implementar sistemas de turnos rotativos, con el objetivo de preservar el empleo calificado, dado el alto costo de formar nuevos trabajadores.
El mayor desafío es la incertidumbre sobre el futuro de la actividad. La falta de obra pública —principal impulsor del sector— genera un efecto dominó negativo: sin inversión pública, se desacelera el movimiento económico vinculado (transporte, albañilería, oficios), lo que a su vez retrasa o impide el desarrollo de obras privadas.
Durante el auge de la obra pública en 2017/2018, muchas canteras realizaron importantes inversiones en equipamiento, pero hoy esos equipos están paralizados por la falta de demanda. Como consecuencia, el nivel actual de inversión es prácticamente nulo.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no resulta aplicable al sector: está orientado a proyectos de exportación, y establece una inversión mínima de 200 millones de dólares, mientras que montar una cantera demanda alrededor de 10 millones de dólares.
Lucha contra la ilegalidad
Otro de los desafíos es el combate a la actividad ilegal, especialmente en lo referido a los excesos en la carga de camiones. Esta práctica no solo genera graves daños a las rutas, sino que implica una pérdida económica significativa por los costos de reparación y los retrasos en las entregas.
Lamentablemente, aún no hemos logrado que los funcionarios provinciales comprendan la magnitud de este flagelo, que afecta tanto la infraestructura como la competitividad del sector formal.
