Revista Vial dialogó con el Sr. Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien comentó las acciones que llevan adelante. Entre ellas, se destacan: los primeros resultados del SIGISVI (Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial), una nueva metodología de sanción y la implementación de la Red de Asistencia a Familiares de Víctimas.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIGISVI
–En 2016 se implementó el SIGISVI (Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial). ¿Cuáles fueron los primeros resultados arrojados por el mismo?
Carlos Pérez: En cuanto al número de siniestros ocasionados, el primer año de vigencia del sistema el resultado fue de alrededor de 5.300. El año pasado fue de 5.600 y este año la cifra ronda los 5.800. Es decir que, según los datos, el número de accidentes crece año a año. Esta es una estadística que se repite a nivel mundial.
–¿Cuál ha sido el impacto de la implementación del SIGISVI?
C.P.: Cuando asumí la Dirección de la Agencia Nacional, en diciembre de 2015, cada provincia tenía su propio método para registrar la información. Luego, creamos el SIGISVI y desde entonces las provincias tienen la posibilidad de cargar los siniestros ocasionados de forma online. Ahora podemos ver reflejado el día a día de todas las localidades y mantener actualizados todos los índices.
–¿Esa información es pública?
C.P.: En principio no. Es necesario que transcurran los 30 días correspondientes de verificación y seguimiento de los datos. Esa metodología logramos consensuarla en el país con el Consejo Federal. A dos años de haber comenzado con el registro, tenemos datos muy aproximados a la realidad.
Por otro lado, es importante recalcar que, además de calcular el número anual de siniestros, desde la Agencia también hacemos estudios de comportamiento. Lo que buscamos son las causas que producen los siniestros. Para ello, realizamos investigaciones sobre el uso de los elementos de seguridad, como el cinturón, el casco y los Sistemas de Retención Infantil.
–¿En qué consisten esos estudios?
C.P.: Lo que hacemos es contratar una consultoría a la que le especificamos qué es lo que necesitamos saber. Durante dos o tres meses ellos hacen el estudio de campo en 25 puntos del país para recoger los datos, que luego pasan a una etapa de análisis para más tarde mandarnos un resultado final con las conclusiones a nivel provincial y municipal.
Esos estudios específicos los venimos repitiendo en los años pares. Empezamos en 2016 y ahora llegaron los de 2018. A partir de esos resultados, hacemos un único informe que luego se carga en la página de la Agencia.
–¿Cuándo se conocerán los datos de los siniestros de 2018?
C.P.: Los datos oficiales los vamos a publicar alrededor de junio de este año. Cuando tengamos certeza de los resultados, publicaremos los números finales. Sin embargo, puedo adelantar que en 2018 en Argentina hubo un crecimiento en materia de siniestralidad y fallecimiento de personas en accidentes.
De todas formas, es importante recalcar que esta información se ve alterada por el hecho de que la eficientización del sistema hizo que se empezaran a cargar datos de siniestros que antes no se cargaban. Asimismo, ahora trabajamos en articulación con otros Ministerios, como el de Salud, que tiene un sistema a través del cual recibe el número de todas las personas que llegan a los hospitales producto de incidentes de tránsito, y el Ministerio de Justicia, que tiene datos de cada siniestro que ocurre porque hay heridos graves que van a la justicia. No se puede obtener el registro del 100% de los siniestros, pero sí podemos aproximarnos, y estamos en esa franja.
–¿Cómo trabaja la Agencia Nacional sobre los datos obtenidos?
C.P.: La información que empezamos a recibir nos dio un panorama de hacia dónde tenemos que apuntar la política pública. En la Agencia hemos trazado dos ejes estratégicos para ir modificando esta realidad. Se trata de una transformación de la educación vial para que la gente empiece a entender y a concientizarse sobre los peligros que tiene cuando no se cumplen las normas. De esta manera, apuntamos a conseguir esa conducta social que trabaja más sobre esa trasformación cultural que es la concientización, y que la vamos a conseguir con el paso de los años. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es lo que menos nos gusta, pero que es lo más eficiente: controlar, fiscalizar y sancionar. Pero esas sanciones no tienen que ser las que hoy conocemos. A una persona que viola el límite de velocidad con un vehículo de alta gama no le preocupa pagar una multa, por más cara que ésta sea. Por lo tanto, de esa forma no se corrige ninguna conducta.
–¿Qué tipo de sanciones planean imponer?
C.P.: Desde el ámbito del Consejo Federal estamos trabajando para empezar a poner otro tipo de penas, que son las más dolorosas, y que tienen que ver con la retención de la licencia de conducir. El tiempo de la primera retención de licencia dependerá según el tipo de falta ocasionada. En casos de faltas menos graves, el plazo será de tres meses. Para recuperarla, el infractor deberá cumplir con un proceso de reeducación vial y aprobar el curso. Si la persona es reincidente, es decir, si produce por segunda vez la misma falta, el tiempo de retención de la licencia aumentará a seis meses. Por otro lado, en el caso de, por ejemplo, no aprobar un test de alcoholemia, la licencia se le retirará por seis meses de primera mano, ya que es una falta mucho más grave. Aún estamos analizando cómo vamos a penalizar para que en todo el país se adopte la misma norma y que en todas las jurisdicciones una misma falta sea sancionada con la misma severidad. Yo creo que vamos a tener mucho éxito.
–¿Todas las provincias han adherido a la Ley Nacional de Seguridad Vial?
C.P.: No. Se mantienen las 22 del año pasado y seguimos trabajando para obtener la adhesión de las que faltan. Asimismo, ellas aceptan realizar cambios en su normativa a pesar de no estar adheridas. Ahí nosotros tenemos que trabajar mucho más políticamente para que se vayan sumando.
La relación de quienes integramos el Consejo Federal cambió mucho desde que arrancamos hasta ahora. Antes era más difícil. Había mucha discusión partidaria. Hoy, en cambio, nos reunimos y hablamos de la seguridad vial. Tratamos temas que realmente vienen a poner políticas públicas para dar solución a los problemas. Estamos trabajando de una manera distinta y estamos consiguiendo muchos consensos.
–¿Cómo trata los temas el Consejo Federal?
C.P.: Por ley, el Consejo tiene que reunirse por lo menos cuatro veces al año. Actualmente, nos reunimos las cuatro veces reglamentarias y no más, ya que el presupuesto y los tiempos no darían para más. Un mes antes de la reunión, la Mesa Directiva, constituida por cinco provincias elegidas por la misma asamblea, junto a la Agencia Nacional fijan los temarios.
Actualmente, hemos cambiado la metodología de cada reunión. No tomamos cinco temas para ampliar, como hacíamos antes. Tomamos uno solo y lo trabajamos entre asamblea y asamblea. Ahora, por ejemplo, tenemos que discutir el scoring, que es la quita de puntos de la licencia de conducir. En ese caso, ya existe una ley nacional que lo regula. Pero las provincias tienen cada una su propia normativa respecto de esto. Por lo tanto, lo que hicimos fue enviarles a todos la ley nacional para que analizaran los puntos que compartían y cuáles eran lo que les gustaría agregar o quitar. Esa información deben enviarla a la Agencia Nacional 15 días antes de la asamblea para que nosotros aquí separemos los puntos donde hay disenso y que luego se tratarán en reunión para llegar a un consenso.
Este sistema ya nos resultó para el tema del control de las rutas. El primer punto a discutir fue qué se controla en la ruta, ya que cada distrito exigía algo distinto. Había que lograr un consenso para que todos los controles que se hacían en las rutas nacionales fuera exactamente el mismo. Para tener esa discusión, planteamos 10 puntos para discutir, y de esa asamblea se resolvió el sistema del control de rutas. Todos firmaron el acta de compromiso y a partir de ahí sacamos la disposición para que todas las provincias estuvieran al tanto para bajar línea a sus torres de control y fiscalización y para que los controles fueran eficaces. En esa instancia, aprovechamos para definir cuál era el protocolo a seguir de los puestos de control.
–¿Existe algún sistema de capacitación para la Policía de Seguridad Vial?
C.P.: Sí, actualmente la Agencia está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorarlo, porque la policía tiene una formación de instituto cuya naturaleza está totalmente orientada al trabajo sobre la seguridad pública y los hechos delictivos, y no a la vialidad. Había muy pocas policías provinciales que ponían el foco en la seguridad vial. Así, logramos un consenso para mandar equipos para la prevención de los siniestros. Esto también se hizo con la Cruz Roja Argentina.
Lo que se pretende es que el funcionario policial que detiene a un vehículo porque ha cometido una infracción, no sólo le pida la documentación del vehículo para ver si tiene o no pedido de captura, sino que además pueda informarle cuáles son los riesgos que corre por no haber cumplido las normas, y que además mire si adentro del vehículo todos vienen protegidos. El control dura el mismo tiempo.
PRÓXIMOS OBJETIVOS
-¿Cuáles son los temas a trabajar durante este 2019?
C.P.: Luego de leer y analizar las experiencias en el resto del mundo, en la reunión de planificación que tuve con los directores a fines del año pasado, les propuse trabajar las acciones de 2019 sobre dos ejes: en primer lugar, la concientización y la educación vial. Nos va a llevar bastante tiempo, pero es un plan vital y estratégico. En segundo lugar, el control y la fiscalización. En este sentido, es importante que las áreas sean más eficientes. De ahí surgió la licencia de conducir digital.
–A partir del anuncio de la licencia de conducir digital, la aplicación Mi Argentina colapsó. ¿Tenían prevista semejante repercusión en el público?
C.P.: Nosotros sí. Lo que pasó fue que cuando pensamos la licencia de conducir digital, se trataba de un producto exclusivo de la Agencia Nacional. Es decir que íbamos a tener los recursos en caso de que hubiera un problema. Pero lo tuvimos que hacer asociados a la Secretaría de Modernización, ya que ellos tenían la página de Mi Argentina, que luego convirtieron en una aplicación. El normal de la gente no tenía ni idea de que existía la web Mi Argentina. La conocieron a través de la licencia de conducir digital, por lo que no soportó semejante demanda.
–¿Cómo facilita el control la licencia de conducir digital?
C.P.: Sirve para que no haya más falsificación. La nueva licencia física tiene 40 puntos de seguridad, pero si se trata de una buena copia, el policía en la ruta no tiene cómo controlarla. Con la licencia digital eso cambia, porque el policía puede estar seguro de que si la licencia figura en el sistema, es porque está en condiciones de circulación. El sistema digital es imposible de falsificar. Todos los datos los maneja y modifica esta Agencia y tienen un plazo de actualización de 24 horas. Esto puede ser controlado en todo el territorio argentino y para ello el policía no necesita tener encima ningún dispositivo.
Mediante el sistema también puede chequearse que la licencia corresponda con el número de documento y con la persona. Asimismo, se puede escanear la cédula verde, la cédula azul, y próximamente el seguro del auto, todo en una misma aplicación. De esta manera, los ciudadanos no tendrán la necesidad de llevar ningún documento físico porque todo va a estar en el teléfono.
EL ROL DE LA ANSV
–¿Cuál es el objetivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial?
C.P.: El objetivo principal es el de transformar la cultura vial. Si nosotros logramos esa concientización en la población, la siniestralidad va a bajar. Esta tarea es complicada y estratégica. La persona habituada a cumplir con la norma sabe que lo que está haciendo mal puede ocasionar un perjuicio a él o a terceros.
–¿Accede de alguna forma la Agencia Nacional a la educación formal?
C.P.: Creemos que es importante fortalecer los vínculos. Este año saldremos fuertemente a hablar con los distintos ministros de educación de las provincias para que empiecen a aplicar la temática como parte de la educación general de los chicos. Somos muy conscientes de que hoy los docentes ya no pueden sumar más temas, ya que tienen que enseñar sobre educación sexual, violencia de género, medioambiente, etcétera. Pero nosotros tenemos una propuesta de aplicación transversal.
Yo me tomo personal el tema de la formación vial del universitario. Voy a ir a dar las charlas a las universidades en las que me den el espacio, sobre todo a las de abogacía y medicina, porque son las que van a tratar después en su carrera algún tipo de relación con los siniestros de tránsito. Los jóvenes preuniversitarios pertenecen a la franja etaria en la que más fallecimientos hay por siniestros viales, que es entre los 15 y los 30 años. Para ellos, la diversión pasa por el consumo de alcohol o de droga. Eso es una realidad, no podemos ir en contra de ella. Por lo tanto, para mí es muy importante que ellos conozcan toda la temática de la seguridad vial y que la escuchen en primera persona de la forma más cruda posible, para que cuando el día de mañana sean profesionales lo tengan en cuenta, y para que estén al tanto de que existe una Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la cual pueden acercarse a conseguir respuestas a sus posibles interrogantes.
LA RED DE CONTENCIÓN FAMILIAR
–¿En qué consiste la Red de Asistencia a los Familiares de Víctimas?
C.P.: Es la primera red de este tipo en Latinoamérica. La lanzamos a principios del 2019 y estamos muy orgullosos. Hace tiempo contamos con tareas de prevención para que las cosas no pasen, pero la realidad nos indica que las cosas pasan, y era necesario que existiera una atención post-siniestro.
Luego del siniestro en sí, los afectados atraviesan una revictimización terrible. En ese segundo proceso, entre el inicio y la finalización de los procesos judiciales eternos, y que el culpable de haber generado esa situación no tiene con ningún tipo de sanción, esa gente todo lo que necesita es alguien que los escuche. Para eso creamos la Red de Asistencia.
–¿Cómo surgió la idea?
C.P.: Este proceso empezó hace dos años. Viajé a Colombia para una reunión internacional con los responsables de seguridad vial de Iberoamérica. Participó de la misma una motivadora española que relató la trágica historia que atravesó a partir de la muerte de su hijo, hace 19 años, a causa de un accidente vial. Contó los cambios que fue generando en España para que a nadie le pase lo que a ella le había pasado. Su relato me impactó fuertemente. En esa oportunidad, tuve la posibilidad de conversar con ella y le dije que sentía que tenía que hacer algo al respecto en Argentina, donde todos los días pasan cosas como las que ella contó. La mujer me animó a hacerlo y me ofreció su ayuda.
Volví a Argentina y me reuní con todos los directores. Les conté que la única experiencia positiva que había tenido en el viaje había sido la conversación que yo había tenido con la motivadora española. Se trataba de un problema que teníamos que atender porque en todos los viajes que había hecho al interior, el reclamo era el mismo. Así, la abogada Daniela Ortiz, que en ese momento era la directora de Legales, se propuso para hacerse cargo del tema, y así lo hizo, como una exigencia extra-laboral. Nos reunimos varias veces para planificarlo y fuimos formando la idea. Cuando estuvo lista, se la llevé al Ministro y él me dio su visto bueno para empezar a aplicarla cuanto antes. De esa forma, fue como empezamos a trabajar con los familiares de las víctimas que integraban el comité consultivo.
–¿Cómo funciona la Red?
C.P.: La Red atiende el postsiniestro. Así, trabajamos en dos prevenciones: para que no pase; pero también la de después que pasa para que la víctima no llegue a situaciones extremas por no haber tenido la contención adecuada.
La Red está actualmente funcionando en diez provincias que firmaron el convenio con la Agencia, cuatro ciudades capitales de provincia y un municipio. Luego, con CABA y La Pampa estamos trabajando y es probable que en un futuro cercano se terminen sumando.
Independientemente de que hayan firmado o no, nosotros vamos a poder darle cobertura a todas las provincias por igual. El trabajo que hicimos fue analizar qué organismos nacionales tenían presencia en el interior del país. Y ahí nos encontramos con que los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), que son del Ministerio de Justicia de la Nación, hacen asesoramientos jurídicos gratuitos. Nos pusimos en contacto con ellos y estuvieron de acuerdo con formar parte de esta red. Ellos ya asistían a todo tipo de víctima, menos a las de tránsito. Entonces ahora también tienen esta posibilidad de asesoramiento y asistencia legal, a veces a través nuestro y otras a través de los CAJ. De esta manera combatimos el carancheo, que son los abogados que se abusan de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
También tenemos firmados convenios con distintas federaciones de psicólogos para que las víctimas tengan tratamiento psicológico. En muchos casos se los deriva a hospitales que ya cuentan con este tipo de apoyo para distintos tipos de víctimas, a los que ahora se les suman las de tránsito.
Lo que nosotros no podemos hacer es intervenir en la causa judicial, y no lo vamos a hacer nunca porque eso corresponde al Poder Judicial. Ahora, lo que sí podemos hacer es asesorar a las personas sobre qué es lo que tiene que pedir su abogado en la fiscalía. Asimismo, estamos tratando de gestionar fiscalías específicas para que todos los incidentes que tengan que ver con el tránsito y que requieran de la intervención de la justicia vayan siempre a la misma fiscalía especializada. Esto implicará que el fiscal tendrá la sensibilidad para tratar a la persona y sabrá con precisión cuál es la información que debe requerirle al familiar para presentársela al juez. Esto no significa que el juez vaya a dictar una sentencia que conforme al familiar de la víctima. Sobre eso no se puede intervenir. Pero sí puede darle a la persona la tranquilidad de que se hizo todo lo que se podía hacer para lograr una sentencia digna.
Tengo pautada una reunión con el ministro de Justicia Germán Garavano para que desde la acción política empiece a impulsar la creación de esta fiscalía específica. La mayor parte de la gente que se muere en la Argentina lo hace por culpa de los incidentes de tránsito. Está más visibilizada la violencia de género, que es algo preocupante y grave, y que tiene que terminar. Pero lo cierto es que, en término de vidas humanas, no se lleva ni siquiera el 0,5% de los que lo hacen los incidentes de tránsito. Es por eso que es urgente tratar el tema.
–¿En cuánto tiempo consideran que se verán los resultados de estas acciones?
C.P.: Es un proceso lento. Nosotros no vamos a llegar a ver el resultado de nuestro trabajo. Para cuando yo deje este puesto, es probable que hayamos logrado bajar 500 o mil víctimas. Pero si todos trabajamos bien, en algún momento los resultados van a ser los que buscamos. Las bases hay que fundarlas ahora. Es un esfuerzo diario. Esto no nos va a dar un rédito económico ni político. Tenemos que estar convencidos de que esto nos va a dar la satisfacción de ir consiguiendo esos pequeños avances. Aquí hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Es la única manera en la que uno puede perseverar, ser resiliente y seguir adelante. El problema más grande que tenemos, y que no podemos vencer, es el de la falta de conciencia. Aún no logramos que la gente cambie su manera de ver las implicancias del incumplimiento de las normas de seguridad vial. Ese es nuestro desafío más grande y sabemos que no se consigue de la noche a la mañana.
