La histórica controversia de los caminos rurales


*Por el Ing. Agr. Alberto E. del Solar Dorrego.

El estado de los caminos rurales de los distritos de la provincia de Buenos Aires es un tema recurrente debido a la importancia que tienen para los pobladores del agro y el transporte de toda la producción agropecuaria. Sería redundante explayar el tema en lo trascendental que significan estas vías básicas y elementales de comunicación.
Lo reiterativo del tema en gran parte se debe que a pesar de congresos, simposios, declamaciones y discursos de distintos gobiernos, los caminos de tierra de la provincia se encuentran en peores condiciones que hace 100 años, producto de la falta de atención, mal manejo, exceso de carga, falta de alcantarillado – que en muchos casos los ha convertido en lecho de arroyos en abundante precipitaciones – y a mi parecer, quizás lo peor, la erosión hídrica por la cual nos encontramos en un estrato de suelo de difícil compactación y en algunos casos a metros del nivel del campo aledaño.
Para hacer frente a los costos en reparación y mantenimiento de los caminos los municipios cobran a los propietarios de inmuebles rurales la llamada “tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal”, reciben la coparticipación provincial por la Ley 13.010 en una proporción según distrito del Impuesto Inmobiliario Rural y en teoría la “tasa por Control de Marca y Señales” (creada para el mantenimiento de los caminos de tierra por los arreos), que normalmente es utilizada con otros fines no especificados.
Vamos a referirnos a dos partidos de la provincia de Buenos Aires, en los que me ha tocado participar en forma ejecutiva, en lo que podríamos llamar, Comisión de Productores, Dirección o Secretaría Vial Rural según las circunstancias.


Rojas
El partido de Rojas cuenta con una superficie 197.887 has con aproximadamente 1.170 km de caminos de tierra vecinales y provinciales, a los cuales el mantenimiento le corresponde a la Municipalidad de Rojas.
Debido a las abundantes precipitaciones del año 2001 y la falta de trabajos viales rurales por parte del Municipio, se provocó lo que podríamos llamar una rebelión de productores a partir de enero de 2002 con asambleas y la amenaza concreta de impedir la realización del Rally Federal cuya traza era en caminos rurales, y que, a indignación de los productores, se comenzaron a reparar a tal fin.
Toda esta presión y arduas negociaciones condujeron en agosto de 2002 a la creación por Ordenanza 2649/2002 de la “Secretaría de Obras y Servicios Viales Rurales y de Ordenamiento Hídrico del Partido de Rojas” y del “Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales” (CAMPR) y de las “Comisiones Rurales del Partido de Rojas”, afectando el 75 % de lo recaudado por la tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal y el 100 % de la coparticipación por la Ley 13.010.
Los representantes de las siete comisiones que formaban el CAMPR y su presidente se reunieron ininterrumpidamente con el Secretario Vial todos los lunes durante 9 años.
El presidente del CAMPR tenía la autoridad para controlar todos los suministros y los ingresos provenientes por recaudación los cuales se depositaban en una cuenta bancaria municipal designada a tal fin.
El CAMPR, con el debido presupuesto anual regulaba los aumentos o bien mantenía la Tasa Vial en los mismos valores.
Con esta empatía entre el gobierno municipal y los productores se logró un presupuesto participativo que resolvió los eternos conflictos por el estado de los caminos ya que se logró una excelente condición de transitabilidad, utilizando la maquinaria municipal reparada, incorporando nuevos equipos y tercerizando algunos trabajos.
Cabe mencionar que este esquema de participación mancomunada con el 75 % del recurso afectado continuó durante dos gobiernos municipales de partidos políticos opuestos.
La recaudación de la Tasa Vial normalmente se sitúa en el 75 – 80 % llegando durante el período comprendido entre 2002 – 2009 a casi el 92 %.
Pero en diciembre de 2011 asume un nuevo Intendente que a los pocos meses derogó la Ordenanza 2649/2002, con el único fin de apoderarse del recurso obtenido por Tasa Vial, desmantelando en pocos meses el logro de 9 años.

Junín
El partido de Junín cuenta con una superficie de 226.337 has con una red caminera vecinal compuesta de 180 km de caminos provinciales y 1.150 km de caminos vecinales, con un total de 1.330 km de caminos de tierra. El tipo de suelo no es homogéneo debido a las importantes lagunas con zonas de médanos y suelos arenosos.
Durante el año 2018 los productores rurales comenzaron a manifestar su descontento con el Ejecutivo Municipal por la discrecionalidad en la utilización de los fondos provenientes de la Tasa Vial y el mal estado de los caminos rurales.
A principios de 2019 el Ejecutivo Municipal y las entidades rurales que representan a los productores de Junín consiguen la sanción de la Ordenanza 7497/19 que establece el “Régimen Especial, Específico y Transitorio de Gestión y Administración de la Red Vial del Partido de Junín”, regulando en el capítulo Tercero a la “Comisión Municipal de Red Vial”.
El punto fundamental, es la afectación del recurso obtenido por recaudación de la Tasa Vial en un 70 %. Para cubrir el cargo de responsable del área se llama a concurso de antecedentes para el cargo de “Ingeniero para la Planificación, Coordinación y Control del mantenimiento y reparación de la red vial municipal”, contrato con duración de un año.
El municipio al iniciar las actividades en abril de 2019 contaba con una importante cantidad de equipos viales, incluyendo hojas niveladoras, tractores y motoniveladoras.
Con los datos de un ingreso por recaudación y calculando una cobrabilidad histórica del 60 %, se pudo realizar el presupuesto anual. Detallando en reuniones semanales con los presidentes de las instituciones del agro que forman la Comisión Municipal de Red Vial, el consumo de combustibles / lubricantes, el importe detallando el proveedor del correspondiente suministro, los trabajos realizados, el estado en particular de cada maquinaria, horas extras pagadas y desempeño del personal municipal afectado.
Durante el año 2019 se pudieron realizar trabajos que abarcaron en toda la longitud de la Red Vial de Junín.
A principios del año 2020 el poder ejecutivo comenzó a cuestionar la afectación del 70 % por recaudación de la Tasa Vial, y en ríspidas reuniones con la Comisión Municipal de Red Vial propuso bajarla al 50 % en la medida que no aumente la recaudación.
Es interesante analizar el porqué de la baja recaudación por Tasa Vial en el Partido de Junín ya que hay cuarteles con superficies de campos medianos (150-350 has) y grandes (+700 has) donde la recaudación alcanza el 90 %, pero en todo el cordón aledaño a la ciudad de Junín con inmuebles de superficies menores a 20 has, donde se recauda menos del 15 %.
En marzo se promulgó el Decreto de Emergencia, debido a la pandemia de Covid-19, por lo cual no se pudo realizar el presupuesto anual por no contar con el dato de los ingresos para el área.
Debido a la crisis sanitaria gran parte del personal municipal afectado al área vial, tuvo que permanecer aislado, las restricciones económicas influyeron en reparación de motoniveladoras y se suspendieron los trabajos de terceros, todo lo expuesto provocó una abrupta desaceleración en los trabajos planificados. A pesar de lo expuesto se trabajó en la confección de la Ordenanza 7767/20 de “Régimen Permanente de Protección y Uso de la Red Vial” promulgada por Decreto del PE N° 1505 del 30 de octubre de 2020 y el “Convenio de Ejecución de Tareas de Preservación, Mantenimiento y Consolidación de Infraestructura de Red Vial Rural”, que otorgaba la posibilidad que los productores reparen y mantengan los caminos rurales con una retribución económica.

CONCLUSIONES
Analizando ambas situaciones, y teniendo en cuenta que los acontecimientos se desarrollaron con diferencia de varios años, podemos inferir a priori que los Ejecutivos Municipales comenzaron a proponer o bien afectar los recursos obtenidos por la Tasa Vial por presión y malestar de parte de los productores rurales. Queda librado al albedrío de los Intendentes el uso del recurso económico obtenido por recaudación de la “Tasa por conservación, reparación y mejorado de la Red Vial Municipal”, que en la mayoría de los distritos de la Provincia de Buenos Aires son utilizados con distintos fines, inclusive la coparticipación por Ley 13.010 cuya afectación debería estar controlada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC).
La integración de “Comisiones de Productores de Red Vial Municipal” para ejercer el control del recurso económico como así los trabajos a realizar terminan siendo nada simpáticos para el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y cuya disolución está siempre latente.
Por otra parte, los aumentos de la Tasa, exceptuado el caso de Rojas (2.002 – 2.010) que responde a las necesidades presupuestarias del área, son porcentajes arbitrarios resultantes de las necesidades económicas del municipio (Ver cuadro).
Comparando los municipios que citamos, es notable la disparidad de pesos por kilómetro de camino ($/km). Teóricamente en el caso de Junín, suponiendo una recaudación del 60 % se podrían afectar 65.626,20 $/km, cuando hoy en día el trabajo completo por cuneteo y abovedado de un camino de tierra con un equipo contratado cuesta 45.000 $/km. Con lo cual podemos inferir que el valor que se calcula para establecer el monto que deben pagar los propietarios rurales no se relacionan en absoluto con el trabajo requerido para mantener un camino rural.
Para finalizar, queda claramente demostrado que la solución para que la provincia de Buenos Aires acceda a una red vial medianamente aceptable, no depende de la genialidad del responsable del área, ni de la maquinaria ni de un estudio de ingeniería ya que es directamente una fantasía, si no se cuenta con el recurso económico necesario.
Resulta imposible planificar la ejecución de trabajos serios – de cualquier índole – sin contar con un presupuesto mensual, trimestral o anual con datos ciertos de ingresos y egresos.
Hasta tanto y cuando no se resuelva, Ley mediante, que obligue a los Municipios a afectar lo recaudado por Tasa Vial, con un cálculo real de las necesidades operativas, no existirá la más mínima posibilidad de revertir este proceso de degradación de la red vial municipal y provincial.