Un desafío en la formación de redes públicas de gestión.
* Por la Dra. Lucila Haidar
Los datos estadísticos de los últimos años revelan cifras apabullantes que muestran la pérdida de vidas y la cantidad de personas que sufren perdidas de sus capacidades físicas producto de accidentes de tránsito.
En relación con esta realidad impactante, es que el Estado debe propender a generar políticas sustentables en el tiempo que permitan planificar acciones que den como resultado la significativa disminución de todo tipo de accidentes.
La seguridad vial es responsabilidad de todos, de aquellos que conducen un vehículo, también de los peatones; de quienes transitan por las rutas como también de quienes circulan dentro del casco urbano de las ciudades.
Verdad es que el Estado solo no puede proporcionar todas las soluciones, es necesario lograr que se involucren en las mismas todos los actores, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los habitantes, todos.
Sabido es que este flagelo tiene un alto contenido de error humano, que se materializa toda vez que no se cumple con las normas vigentes, y que el accionar del hombre se torna contrario a la preservación de la vida.
Desde 1994 rige la Ley de Tránsito Nacional 24.449 a la que hoy todas las provincias, adhirieron. Esta Ley que trazó ejes de gestión, prevención y control para todo el país, no logró cohesionar por si misma, las acciones necesarias para lograr los resultados esperados al sancionarla.
Esta situación motivó la formación de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, reclamando por otras formas de gestión o tratando de suplir al Estado en la elaboración de planes de concientización, que pusieran de manifiesto la gravedad del tema y la proyección de los resultados negativos en ascenso sostenido.
Pero recién con la Ley 26363 sancionada el 9 de abril de 2008 y promulgada el 29 de abril, se consolida la decisión de una política de estado dando pautas de una gestión integral en la materia.
MODO ARTICULADO DE GESTIÓN
La idea de una red federal para lograr la prevención y el control del tránsito en las rutas y ciudades, parte de dos realidades legales: las facultades no delegadas por las provincias a la Nación y las autonomías municipales que ejercen el poder de policía en sus respectivas jurisdicciones. A priori parecen situaciones difíciles de articular, toda vez que una diversidad de temas que deben abordarse provocan intereses encontrados a veces no fáciles de resolver, aún así hay que asumir el desafío, por cuanto es el único modo de consolidar políticas.
Una política de Estado no se concreta solo con la decisión o su sola mención, se realiza con la construcción paso a paso, con acciones concretas, eficientes, eficaces y perdurables en el tiempo, más allá de las decisiones circunstanciales.
Como en tantas otras áreas y en consonancia con la actual ley existe conformado el Consejo Federal de Seguridad Vial, en la órbita del Ministerio del Interior y Transporte que es el ámbito de concertación y acuerdo para la elaboración de políticas de seguridad vial; y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el órgano de articulación ínter jurisdiccional de esas políticas para consolidar un accionar univoco. Este Consejo que está compuesto por funcionarios de las 24 jurisdicciones es el ámbito en el que estamos generando un modo articulado de gestionar, para armonizar la normativa y encontrar un idioma común como forma de lograr que la norma vigente deje de ser letra muerta para pasar a partir de su interpretación a ser regla aplicable en forma efectiva.
Esto implica el trabajo mancomunado e integrado, trabajo que permite fortalecer acciones y potenciar recursos al interior de las jurisdicciones y tener una visión omnicomprensiva del tema a la hora de encauzar la gestión y analizar la problemática en el marco federal.
BAJAR LA SINIESTRALIDAD
Gestionar en un tema con tantas aristas implica cuatro aspectos que son fundamentales:
* 1º Tener muy claro el objetivo.
* 2º Despojarse de las sectorializaciones, que generalmente, encontramos en el ámbito de la administración.
* 3º Trabajar entendiendo que generar conciencia, en este caso, significa modificar culturas.
* 4º Que el compromiso debe ser asumido por todos los sectores involucrados.
El objetivo principal que perseguimos es el de bajar la siniestralidad. De hecho que el ideal sería a cero, pero es ingenuo tal planteo, por lo tanto se complementa con un proceso de concientización y educación que debemos propiciar tanto para conductores como para peatones, como co-responsables del accionar en la vía pública y de respetarse mutuamente.
En el segundo punto donde hablamos de evitar la competencia entre sectores dentro de la administración, significa trabajar entendiendo que la gestión se nutre de todas las acciones, ya la sociedad no tolera la falta de resultados por burocratización estéril y que además para quienes tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de la gente pasa a segundo plano quién gestiona primero, lo importante es que los resultados sean concretos.
Trabajar entendiendo que generar conciencia significa modificar culturas, es entender que el problema de los comportamientos en quienes conducen, es un problema cultural. Debemos ser consientes que las leyes están, por lo tanto cumplirlas por si disminuiría los riesgos significativamente, pero poco podemos hacer si los conductores las siguen infringiendo aún aumentando los controles.
Esto implica insistir en el cumplimiento de la norma, comenzando con la educación desde el primer nivel, tarea que muestra resultados a largo plazo. Paralelamente intensificar los controles que condicionan las conductas de las personas y generar espacios para permitir el análisis y el conocimiento de las consecuencias posibles. En este punto juegan un rol primordial los medios de comunicación y los comunicadores.
Por último el compromiso de todos los sectores involucrados es indispensable ya que el estado por si mismo en cualquiera de sus jurisdicciones no es suficiente y la sociedad por si a través de sus organizaciones tampoco, solo obtendremos resultados con el trabajo conjunto.
ACCIONAR CONJUNTO
Dicho esto parece claro que en el ámbito Federal debemos lograr armonizar lenguajes, normativas, acciones y generar sinergias entre todos los actores para obtener resultados efectivos, eficaces y sustentables en el tiempo.
Debemos recordar que la seguridad vial siempre fue un tema derivado al área tránsito de los municipios, casi siempre carentes de personal, de equipamiento tecnológico y con la finalidad principal del otorgamiento de la licencia de conducir, de acuerdo a parámetros propios.
En la actualidad la gestión ha integrado la acción de los municipios con la provincia y se ha sumado este organismo de coordinación que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta verdadera red forma un sistema nacional de seguridad vial, que se convierte automáticamente en el eje de este nuevo desafío que nos debe conducir a proponer soluciones a este flagelo.
Esta política de Estado debe ser inclusiva de los tres poderes que lo integran y propender a lograr consensos en las fuerzas políticas partidarias. Somos nosotros los responsables de promover resultados lo que implica contar con una estrategia y un plan de acción y con el refuerzo de las capacidades propias.
Entre otros aspectos a considerar, debemos reconocer que la seguridad vial debe ser incorporada a la gestión en las agendas de cada jurisdicción como un aspecto prioritario, por cuanto incide en el desarrollo de la región como tal ya que es una materia multisectorial.
Por lo tanto, debe ser tratada por las administraciones locales, regionales y por ende la administración federal con la participación efectiva de la sociedad civil para lograr que las sanciones se vean como lógicas y razonables.
La igualdad de todos ante la ley, así como evitar la sensación de impunidad y de falta de transparencia en el sistema son factores importantes para su aceptación en la sociedad, esto da fundamento a la necesidad de fortalecer las redes de gestión dentro de la administración que constituyan una cadena con eslabones sólidos como son la educación, la prevención, el control, la fiscalización y la sanción, en definitiva la gestión.
La seguridad vial es una política de Estado que estamos construyendo día a día con un objetivo central que es el de salvar vidas humanas, y por este motivo con acciones concretas y aplicables a la realidad de cada jurisdicción debemos apelar a un cambio cultural en la conducta vial que debe ser el compromiso de todos los argentinos para lograr una sociedad que respete su vida y la de los que lo rodean.
* La Dra. Lucila Haidar es vicepresidente del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), y secretaria general del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos.
