Uso del suelo en tiempos de pandemia en el AMBA

CRÓNICAS SOBRE EL TRÁNSITO

Por el Ing. Oscar Fariña

Primera parte.


Palabras iniciales

Luego de haber tratado el tema del “Uso del suelo” en una serie editada en esta Revista, he creído que era suficiente para desarrollar el tratamiento de esta problemática y no maltratar más a los lectores con las variadas propuestas que tenían la intención de alertar a los castigados habitantes de nuestro país, de lo que implica la preservación del medio ambiente.
No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos que se vienen observando en el territorio del AMBA, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, muchos de ellos originados en iniciativas planteadas por sectores políticos, con propuestas que no dejan de asombrar en sociedades desarrolladas, de las que progresivamente nos vamos alejando con índices de demografía social, en los que no se detiene el crecimiento de los números que miden el empobrecimiento de la población.
El uso actual del suelo en la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires tiene un muy bajo índice de superficie verde en relación al número de habitantes, a pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades de mejorar todos los parques y plazas y hasta incorporar con remodelaciones pequeñas a diminutos entornos urbanos para uso público. No obstante el incremento del citado índice no es significativo ya que los espacios de grandes dimensiones disponibles están sometidos a luchas de intereses contrapuestos, donde el privilegiar los beneficios económicos le lleva ventaja al bien de la comunidad.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad informa que hay 6,1 metros cuadrados por cada habitante. Y si bien existen variadas polémicas al respecto como bien puede verse consultando todo lo que se publica, incrementado estos valores como reduciéndolos; algo bastante típico en las estadísticas es que no existen acuerdos básicos en organizar la medición de los mismos. Lo concreto es que si bien estos valores son bajos, lo son mucho más si para el cálculo del citado índice, se considera que durante la mayor parte del día, la población del territorio porteño prácticamente se duplica. En fin, como no se puede estirar la superficie y los terrenos ganados al río han alcanzado un máximo y no todos ellos se destinan a espacios verdes, es imprescindible hacer un control estricto del futuro uso de la tierra, del que tenemos derecho a opinar y a prestar conformidad o no, los que vivimos en ella.
Si bien es ampliamente aceptado, igual es bueno también recordar que los derechos vinculados al bien común, sin que se violen principios elementales de la organización republicana, son del pueblo, pero que éste no gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, que las decisiones, por ejemplo, de destinar los predios de propiedad pública a un uso determinado, son responsabilidad por delegación de los poderes del Estado. A partir de los estudios específicos llevados a cabo por especialistas, se determinaría la factibilidad de enajenarlos mediante subastas y venderlos a empresas del sector privado o en su defecto, los organismos públicos o los poderes municipales y provinciales procedan a destinar los mismos a la construcción de viviendas populares, a la habilitación de los predios a parques, centros de recreación comunitaria o deportiva, etc. En todos los casos, las decisiones deben ajustarse a lo reglamentado dentro de la planificación urbana existente y además contar con la aprobación de las autoridades parlamentarias respectivas.
La pregunta viene ahora: -si todos estos pasos se siguen, ¿por qué siempre existe la sensación de una violación de los principios básicos de convivencia y los ciudadanos vemos que las decisiones perjudican a la Comunidad? -. Las Legislaturas, o mejor dicho los legisladores, creen que tienen el poder absoluto de hacer las cosas, simplemente si juntan los votos mayoritarios; pero los ciudadanos tienen aún la facultad de limitar estas decisiones, por ejemplo en los encuentros de las Audiencias Públicas, según lo establecido en las disposiciones de evaluación del impacto ambiental de cada emprendimiento propuesto.
A pesar que el poder en los parlamentos está bastante dividido en varios grupos con distintos orígenes ideológicos, las primeras minorías siempre encuentran subterfugios para modificar las voluntades, y agregar algunos votos adicionales y tener la mayoría necesaria para aprobar determinados proyectos.
Recuerdo a la distancia, un ejemplo emblemático de lo que en ese entonces se llamó el negocio de la Escuela Shopping, donde se vendieron los espacios frentistas para un uso comercial de una escuela municipal, ubicada en una de las esquinas del cruce de Avda. Pueyrredón y J.D. Perón, en el barrio de Once y que terminó por supuesto, en un verdadero escándalo.
Estas cosas pueden repetirse, pero tal vez ahora se cuiden mucho más los procedimientos, lo que no quita a que las prolijidades justifiquen decisiones que afecten los intereses de la Comunidad. Tomemos el ejemplo actual de la venta del espacio ocupado por el denominado emprendimiento de Costa Salguero, donde los que lo quieren justificar, citan el ejemplo de Puerto Madero y es aquí donde es imprescindible establecer las diferencias. En primer lugar, en éste se intervino en los numerosos predios de una amplia superficie donde funcionaron las instalaciones del viejo puerto y que estaban en completo estado de abandono y fundamentalmente no ocupaban la costa del río, es decir no bloqueaban el acceso público al mismo.
Este fue un ejemplo de organización, que ha merecido la satisfacción de la comunidad, ya que se inició a partir de la creación de una empresa mixta entre el Estado Nacional y la entonces Municipalidad de Buenos Aires: Corporación de Puerto Madero. Ésta fue la encargada de proyectar y construir la totalidad de la infraestructura de servicios y apertura de las calles y Avenidas e intervenir en todo lo relacionado a la venta de los lotes, estableciendo las normas de construcción, además de diseñar adecuadamente los espacios destinados al uso público, todo ello con la aprobación legislativa correspondiente.
Volviendo al tema de Costa Salguero, en que no se dan ninguna de las circunstancias ya detalladas, sino que de la respuesta de los funcionarios de CABA, sólo se obtiene un: “El desarrollo fue estudiado a partir de un concurso de propuestas de grupos de caracterizados profesionales y el proyecto premiado fue elevado a la Legislatura que lo aprobó hace ya tiempo”.
Aquí se repite lo de las mayorías curiosamente circunstanciales que aprueban este tipo de emprendimientos, a los que no es posible siquiera detener o ajustar al interés general mediante las Audiencias Públicas, porque éstas también están previamente organizadas para evitar que haya rechazos explícitos a las propuestas en trámite.
Finalmente, no puede aceptarse que el argumento de no destinar los pocos espacios disponibles al uso público, es que con la venta se logran recursos que permiten encarar otras obras que benefician a la Comunidad. No obstante, las organizaciones sociales están muy atentas luchando para que se preserven los espacios libres para las próximas generaciones.
Son mucho los ejemplos que se pueden citar y podemos traer uno de actualidad como son los terrenos que pertenecían al Ferrocarril Sarmiento en la zona de Caballito, donde una empresa que se presenta como líder en Real Estate, los adquirió para la construcción de un Shopping, emprendimiento éste que se vio confrontado con la asociación de comerciantes que los agrupa en el Barrio de Flores, que se opusieron a su construcción. En épocas de la cuarentena reciente, se modificó y aprobó su nuevo uso e inmediatamente se iniciaron los trabajos para la edificación de un conjunto de viviendas e instalaciones complementarias. Ante las protestas consecuentes, nuevamente se paralizaron los trabajos, circunstancias éstas que son realmente inexplicables. En la Figura N° 1 se puede observar el frente del predio con las pintadas de protesta.
No es intención de este artículo pretender que no se lleven adelante inversiones que mejoren el entorno urbano y brinden servicios de jerarquía a la comunidad, tal el caso de Puerto Madero; pero es imprescindible la compatibilización de intereses en el destino de los recursos disponibles que son escasos en referencia a los espacios públicos.
Relaciones conflictivas entre Gobierno Nacional y Ciudad de Buenos Aires
Siempre aparece la recurrente frase del Presidente Bill Clinton: “…es la economía estúpido”. Aquí esto se ha venido poniendo de manifiesto dentro de un contexto político desprolijo, en las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y el Poder Central. Se puede agregar que la generación de un conflicto dentro del contexto grave de la pandemia es sencillamente lamentable, ya que sin mediar aviso alguno el Poder Ejecutivo decidió unilateralmente reducir el monto de la Coparticipación de Fondos a la Ciudad, para transferirle dichos recursos a la Provincia de Buenos Aires. Este tema viene siendo tratado ampliamente en los medios de comunicación y si bien es ajeno a las temáticas aquí planteadas, no puede ignorarse que esto afecta seriamente las finanzas de la administración comunal, con serias perturbaciones al desarrollo de los presupuestos programados, que se encuentran muy avanzados, en esta época del año. Además, obsérvese que además se han tenido que modificar las partidas iniciales para hacer frente a las nuevas demandas originadas en materia sanitaria.
Por otra parte, se ha conocido que en el mes de noviembre pasado, el Gobierno Nacional en la gestión anterior, transfirió a la Ciudad numerosos predios con inmuebles de propiedad del Estado. También aquí se presenta otra acción muy objetable, ya que en los periodos de transición entre administradores públicos, las gestiones deben ser de alguna manera consensuadas. Todo esto ha traído reclamos de variada índole y una progresiva judicialización de los conflictos. Aquí lo que se discute lamentablemente, es quién procede a la comercialización de las propiedades, con la obtención de los consiguientes recursos económicos. Ahora bien, los compradores son los mismos, es decir siempre los mismos desarrolladores que tienen la capacidad de encarar los emprendimientos urbanos.
Más allá de las contradicciones de los dirigentes, aquí lo importante es que los ciudadanos, que tienen domicilio en la Ciudad, contribuyen pagando los impuestos y las tasas para el mantenimiento de una infraestructura urbana y que todos gozan de los servicios que son brindados, tanto los de residencia permanente como los que vienen temporariamente a ésta, tal el caso de los representantes de las provincias por ser sede Buenos Aires de la actual Capital Federal. Por supuesto, sostener y mantener igual el actual nivel de prestación va a obligar a los que ya pagan, se hagan también cargo del déficit presupuestario consecuente.
Por estas razones, si bien puede discutirse a qué sector del enorme Estado pertenecen ahora, administrativamente las propiedades, los ciudadanos de Buenos Aires tienen derecho a exigir que esos bienes públicos sean utilizados para el bienestar de la población “exclusivamente”.
El tema del desequilibrio de recursos en el AMBA
A propósito de la discusión de los recursos económicos de la Ciudad de Buenos Aires y los desequilibrios especialmente regionales con los municipios del Área Metropolitana, es necesario hacer un serio estudio para resolver los problemas estructurales que se presentan; pero que ello no implique nivelar para abajo.
Resulta interesante el aporte que ha hecho el Dr. Pedro del Piero de la Fundación Metropolitana. En el Informe Digital Metropolitano de octubre plantea:
“Más allá de chicanas políticas y medidas inconsultas no hay dudas que es alarmante el desequilibrio fiscal entre CABA y PBA, del que deben ocuparse sus gobiernos para ver cómo se ordena, en serio y para siempre, y no sea necesario que la Nación venga a paliar la coyuntura crítica. Si la coparticipación federal es terapia para un déficit de salarios policiales significa que el paciente está en terapia intensiva. Como muestra gratis del mentado desequilibrio señalamos que el presupuesto per cápita, es decir el dinero público para dar servicios a la comunidad es en CABA de 47.000 y en La Matanza de 3.000, pesos por año”.
Es indudable que la diferencia en los presupuestos se deben en gran medida a los distintos niveles de responsabilidad en la prestación de servicios a la Comunidad, dado que la Ciudad de Buenos Aires tiene la Jerarquía funcional y operativa de una Provincia mientras que La Matanza en simplemente una Municipalidad, aunque el número de habitantes son comparables entre ambas jurisdicciones y es factible atender a la Comunidad con el soporte de la Provincia y el Estado Nacional.
Para finalizar, creo que el Gran Buenos Aires tiene inadmisiblemente una mala imagen, ya que por distintas vertientes se habla hasta peyorativamente del mal del desempeño de las Comunas, sin conocerse bien lo que en silencio se lleva a cabo, que es mucho y muy esforzado, con una modestia de recursos que debe ser valorada. Sobre estos temas en particular vamos a volver en los próximos artículos.
Que todo sea para mejor.
Hasta la próxima.